La Junta de Castilla y León ha expresado su rechazo a la propuesta del Gobierno de delegar la organización de las oposiciones para secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local en las comunidades autónomas. La Administración regional pide que se mantenga el modelo actual, con un sistema centralizado bajo la supervisión del Estado, que desde 2013 gestiona este proceso selectivo.
La Consejería de la Presidencia ha enviado una carta al Instituto Nacional de la Administración Pública, pidiendo que se rectifique la decisión y que el Estado siga siendo responsable de la organización de las oposiciones. “Una propuesta inaudita”, según fuentes del departamento que lidera el consejero Luis Miguel González Gago, que recalcan que se trata de una competencia exclusivamente estatal.
En su misiva, la Junta señala que el Gobierno central “no debe delegar esta responsabilidad” y aboga por que se siga celebrando en Castilla y León como hasta ahora, con la designación de una ciudad de la comunidad para la realización de las pruebas, tal como ocurrió recientemente en Valladolid, donde se celebraron tres exámenes con la participación de 824 opositores.
El consejero González Gago subraya que esta decisión del Ejecutivo central de “no ofrecer la comodidad” a los opositores de Castilla y León de descentralizar las sedes de los exámenes es una “incomprensión” y una medida que afectará negativamente a los opositores de la comunidad. Además, considera que la iniciativa de delegar la gestión a los gobiernos autonómicos responde a acuerdos previos entre el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, y el consejero de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, lo que, en su opinión, podría ser el “primer paso” para que Cataluña gestione estos procesos de selección.
La Junta también recordó que en 2017, durante el proceso del referéndum ilegal en Cataluña, los habilitados nacionales en las administraciones locales catalanas “se vieron sometidos a fuertes presiones”, lo que, según González Gago, explica el interés de los partidos separatistas en que la Generalitat asuma estas competencias.
Por último, el consejero informó a los representantes de los colegios profesionales de secretarios, interventores y tesoreros sobre la postura de la Junta y sobre las políticas desarrolladas en la comunidad para la provisión temporal de estos puestos, destacando que más de 500 ayuntamientos de Castilla y León cuentan con habilitados especiales gracias a la bolsa de trabajo habilitada por la Junta.
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