La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, se reunieron hoy con los presidentes de las audiencias provinciales de la Comunidad autónoma para desarrollar el protocolo firmado entre Administración regonal y el TSJCyL el pasado mes de junio y coordinar las actuaciones de apoyo a las personas que se encuentran en riesgo de desahucio.
Castilla y León ha sido la primera comunidad de España en impulsar un acuerdo que permite que los jueces conozcan la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por casos de ejecución hipotecaria antes de dictar una resolución al respecto.
Ese acuerdo favorecerá que los magistrados dispongan en el plazo de diez días de un informe detallado de la situación social de la persona o de la familia en riesgo de perder su vivienda.
Así, en los casos en los que el juez pudiera tener dudas sobre la capacidad de los afectados para afrontar la pérdida de su vivienda, podrá pedir a los Servicios Sociales que emitan un informe de la situación de vulnerabilidad del afectado. El objetivo del informe es proporcionar información “actualizada y veraz”, según se señala en el acuerdo, con la que el juez pueda apreciar cada situación. Con ello, los jueces de Castilla y León dispondrán de mayores garantías de protección, a la hora de paralizar procedimientos de ejecución hipotecaria. “Queremos que el Tribunal Superior de Justicia esté implicado en las fases preventivas. La labor judicial no debe remitirse en exclusiva al final del proceso, sino comenzar cuando el afectado empieza a tener problemas para pagar su hipoteca o alquiler”, indicó la consejera Milagros Marcos. “Este protocolo es una garantía más con un interlocutor nuevo, como son los jueces y magistrados de Castilla y León”, dijo Marcos. “Se tratará de difundir este acuerdo para que el mayor número de jueces solicite el informe que pudiera precisar”, añadió.
Otro de los objetivos contemplados en el acuerdo era el de establecer una colaboración “permanente” entre ambas instituciones en materia de protección de los deudores hipotecarios, así como crear un marco de actuación e intercambio en los casos en los que se llegue al desalojo de la vivienda en la región.
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