La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la falta de personal que vienen arrastrando los centros penitenciarios de Castilla y León, al igual que en el resto de España, situación que no se va a ver mejorada a corto plazo, ante las escasas plazas aprobadas por el Gobierno en la Oferta de Empleo Público de 2020, apenas un millar. Solo las prisiones de Castilla y León agotarían todas esas plazas para cubrir sus necesidades, teniendo en cuenta las vacantes existentes y la incorporación de personal para la nueva cárcel de Soria, pendiente de la aprobación de su RPT (Relación de Puestos de Trabajo).
La oferta aprobada para prisiones por el Gobierno es completamente insuficiente, para solucionar la situación de falta de medios humanos, que lleva arrastrando desde hace varios años, y que contará solo con 1.063 nuevas plazas de funcionarios y personal laboral: 900 para el Cuerpo de Ayudantes, 52 para el Cuerpo Técnico y 15 para el Cuerpo Especial. Además, se convocan 40 plazas para el Cuerpo Facultativo, 51 de Enfermería y 5 plazas de personal laboral de Farmacéuticos. Una oferta que no permitirá la adecuación estructural de las plantillas de los centros penitenciarios, y pondrá en riesgo el normal funcionamiento de los centros.
La situación de los centros penitenciarios de Castilla y León, que ya era muy delicada, se está viendo agravada con los efectos de la pandemia del Covid-19, ya que han puesto su situación aún más en evidencia, viéndose muy tensionados y, en algunos momentos, situándose al borde del colapso. “En estos momentos, tenemos más de 440 trabajadores aislados por positivo en Covid-19 o por cuarentenas por contactos, cifras mucho peores que en la primera ola de la pandemia”, explica Fermín Pinto, responsable de Prisiones en CSIF Castilla y León.
Con esta oferta de empleo de 2020, advierte CSIF, se verán abocados a seguir trabajando en los módulos un único funcionario para custodiar a unos 100 internos, cuando deberían estar al menos dos o tres funcionarios. Lo mismo ocurre en las otras áreas de trabajo de que consta un centro penitenciario, como personal de oficinas, área mixta, juristas, psicólogos o educadores, que ante la falta de este personal “hace muy difícil garantizar la seguridad, ni el mandato constitucional de la reinserción social de los internos”.
Según un estudio realizado por CSIF, en los centros penitenciarios de Castilla y León faltarían por cubrir más de 565 puestos de trabajo de personal funcionario, que están vacantes, de un total de más de 2.532 plazas que los centros penitenciarios deberían tener en la Comunidad, según la Relación de puestos de Trabajo (RPT) aprobada por la Administración Penitenciaria para el funcionamiento de cada una de las prisiones y atendiendo a la estructura de cada una de ellas, lo que supone que más de un 22% de las plazas están sin cubrir, y sin tener en cuenta el número de funcionarios que se necesitarán para abrir la nueva prisión de Soria. Además, habría otras 38 vacantes de personal laboral el 17,6%).
El Plan Estratégico de Recursos Humanos presentado el día 20 de octubre por CSIF, contempla un plan para crear 3.500 plazas en Instituciones Penitenciarias, “necesarias para garantizar un modelo de administración penitenciaria que funcione adecuadamente. A esto hay que añadir el envejecimiento de las plantillas, con un alto porcentaje de personal penitenciario que está cercano a la jubilación, y la esperada apertura de la nueva prisión de Soria”, indica CSIF.
SITUACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE CASTILLA Y LEON
Detallando la situación de los ocho centros penitenciarios de la Comunidad, en Topas (Salamanca) las vacantes de funcionarios son 140 (22,5% de la plantilla) y 8 de personal laboral. Están vacantes 99 funcionarios de vigilancia; y hay cuatro plazas de médicos vacantes, de 10 puestos. La Relación de Puestos de Trabajo contempla 498 funcionarios (más 123 de segunda actividad), y 50 laborales.
En la prisión de Segovia, las vacantes de funcionarios son 65 (20,5% de la plantilla) y 5 de personal laboral. Están vacantes 38 funcionarios de vigilancia; y hay tres plazas de médicos vacantes, de 7. La Relación de Puestos de Trabajo contempla 301 funcionarios (más 16 de segunda actividad), y 20 laborales.
En el centro de Mansilla (León), las vacantes de funcionarios son 90 (17% de la plantilla) y 8 de personal laboral. Están vacantes 52 funcionarios de vigilancia; y hay 6 plazas de médicos vacantes, de 9. La Relación de Puestos de Trabajo contempla 474 funcionarios (más 55 de segunda actividad), y 29 laborales.
En Dueñas (Palencia), las vacantes de funcionarios son 94 (19% de la plantilla) y 2 de personal laboral. Están vacantes 57 funcionarios de vigilancia; y hay 4 plazas de médicos vacantes, de 9. La Relación de Puestos de Trabajo contempla 453 funcionarios (más 39 de segunda actividad), y 36 laborales.
En la cárcel de Villanubla (Valladolid) las vacantes de funcionarios son 64 (21% de la plantilla) y 3 de personal laboral. Están vacantes 30 funcionarios de vigilancia; y hay 6 plazas de médicos vacantes, de 8. La Relación de Puestos de Trabajo contempla 298 funcionarios (más 5 de segunda actividad), y 22 laborales.
En la prisión de Burgos, las vacantes de funcionarios son 49 (19% de la plantilla) y 5 de personal laboral. Están vacantes 24 funcionarios de vigilancia; y hay 2 plazas de médicos vacantes, de 7. La Relación de Puestos de Trabajo contempla 230 funcionarios (más 29 de segunda actividad), y 24 laborales.
En Soria, las vacantes de funcionarios son 31 (22,5% de la plantilla) y 4 de personal laboral. Están vacantes 20 funcionarios de vigilancia; y hay una plaza de médicos vacantes, de dos. La Relación de Puestos de Trabajo contempla 121 funcionarios (más 17 de segunda actividad), y 13 laborales.
Finalmente, en el centro penitenciario de Ávila, las vacantes de funcionarios son 26 (15,5% de la plantilla) y 3 de personal laboral. Están vacantes 9 funcionarios de vigilancia; y hay dos plazas de médicos vacantes, de tres. La Relación de Puestos de Trabajo contempla 161 funcionarios (más 6 de segunda actividad), y 21 laborales.
Como se puede observar, en todas las prisiones hay un alto porcentaje de plazas que se encuentran vacantes. Esta situación se verá acentuada con las próximas jubilaciones y causará una mayor carga de trabajo en las plantillas, que seguirán viendo cómo quedan cercenados sus derechos de garantías de seguridad, conciliación familiar, vacaciones, días de permiso, y la prestación de sus servicios se verán afectados negativamente al no contar con los efectivos necesarios, explica CSIF.
Las áreas con más falta de personal estaría la de vigilancia (contacto directo con los internos) con más de 326 plazas sin cubrir, que supone el 64% del total de plazas vacantes, y que hace cada vez más difícil que se pueda garantizar la seguridad de los centros y, por tanto, la de los propios trabajadores penitenciarios e internos.
También, la situación de los médicos de las prisiones de Castilla y León es muy grave. De una plantilla de 55 médicos están vacantes 28 plazas, lo que supone el 51%, teniendo prisiones como la de Ávila y Soria que dispone de un solo médico. Esto implica que, en no pocas ocasiones (vacaciones, bajas, permisos…) no haya ninguno; o que durante la mitad del mes no se pueda contar con servicio de guardia. De esta manera, se pone en riesgo la salud de los internos y la seguridad de los trabajadores, al no poder aislar a los internos cuando cometen faltas disciplinarias graves, ante la falta de supervisión de los aislamientos por el médico, indica Fermín Pinto.
La situación de la asistencia médica del resto de prisiones de España no es mucho mejor, aclara CSIF, y las 40 plazas que se ofertarán del Cuerpo Facultativo para 2020 no deja de ser un brindis al sol. En las últimas promociones no se han cubierto las plazas de médico porque no interesan, por las diferencias laborales y retributivas existentes con el resto de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. CSIF sigue demandando que se cumpla la Ley de Cohesión y Calidad del Servicio Nacional de Salud del año 2003, en cuanto a las transferencias de la Sanidad Penitenciaria a las Comunidades Autónomas, que tras más de 17 años de su aprobación sólo se ha efectuado en País Vasco y Cataluña.
Respecto al personal laboral, de las 215 plazas que hay en la relación de puestos de trabajo de los centros penitenciarios de Castilla y León, 38 están vacantes (el 17,6%). Cada vez se van externalizando más servicios, y las vacantes que quedan por jubilaciones de los diferentes puestos (auxiliares de enfermería, cocineros, electricistas, fontaneros o demandaderos) no se están cubriendo. En ocasiones, por motivos como vacaciones, libranza o permisos, está ocurriendo que algunos centros se queden sin ningún profesional de esas especialidades, como ya ha ocurrido en el área de cocina, en algunos centros de la Comunidad. Sorprendentemente, y ante la falta de personal, han tenido que ser los internos quienes han atendido ese servicio de cocina, sin supervisión de los profesionales, “pudiendo poner en riesgo la salud de la población reclusa y más en la situación de pandemia que estamos atravesando”, advierte CSIF.
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