Han tenido que pasar nueve años para que un ayuntamiento haya sido condenado por no cumplir la llamada Ley de Memoria Histórica. Desde que esa ley se aprobase en el año 2007 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, los ayuntamientos han decidido aplicarla en función del color político que presidía las corporaciones municipales. Así, han sido muchos los ayuntamientos que han reactivado esta ley en el último año, coincidiendo con el cambio de gobierno en muchos consistorios y que muchos de ellos están regidos ahora por partidos de izquierdas.
Hasta ahora, esa falta de cumplimiento de la ley no estaba acompañada de sanciones, prueba clara de la laxitud de ese texto. Pero a finales del mes de junio, un abogado presentaba una demanda en el juzgado contencioso -administrativo número 2 de Valladolid pidiendo que el Ayuntamiento de Olmedo cumpliese esa ley. El juzgado daba la razón al abogado, después de varios meses perdiendo los casos por la vía de lo penal. Una situación fructífera para él que también puede darse en otra veintena de casos, ya que pidió lo mismo para una veintena de ayuntamientos que tampoco hacían cumplir esta ley.
La sentencia de este tribunal vallisoletano obliga al Ayuntamiento de Olmedo a “tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. De esta forma, exige al Consistorio a elaborar “un catálogo de vestigios” y proceda a su retirada inmediata.
Ante esto, a raíz de las demandas presentadas y tras los ya mencionados cambios en las corporaciones por las elecciones de mayo de 2015, varios municipios han acordado retirar vestigios y honores de este tipo. Entre ellos el de la capital zamorana. Eso sí, otros muchos siguen haciendo caso omiso a una de las leyes más polémicas promulgadas por José Luis Rodríguez Zapatero durante su mandato.