El "limbo" de las reválidas se repetirá un curso escolar más

Uno de los puntos más controvertidos de la LOMCE introducía unas pruebas de evaluación finales para todos los estudiantes al terminar la ESO y el Bachillerato también conocidas como reválidas: cuatro días de exámenes obligatorios para obtener el título de cada etapa educativa.

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El calendario de aplicación de la LOMCE establecía que las reválidas fueran obligatorias desde 2017, primero de forma experimental y después ya como prueba con calificación, aunque nunca llegarían a implantarse tal y como las había diseñado el ministro José Ignacio Wert.

Su sucesor al frente de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, también del Partido Popular, las dejó sin "efecto académico", convirtiendo el examen de la ESO en un mero "examen de diagnóstico". Ocurrió en 2016, y el entonces Gobierno de Mariano Rajoy suspendió su aplicación hasta que se alcanzase un pacto educativo entre las principales formaciones políticas para superar la LOMCE.

La posibilidad de lograr un pacto educativo naufragó en marzo de 2018, cuando el PSOE abandonó la mesa de negociación por discrepancias con el Ejecutivo de Rajoy sobre la inversión en educación. Dos meses después, el PSOE llegaba a la Moncloa, y la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, tuvo que prorrogar las reválidas sin efecto académico que heredó del Partido Popular para el curso pasado, al no conseguir tener a tiempo una reforma de la ley educativa que derogase la LOMCE.

Lo hizo con una orden ministerial aprobada en enero, casi a mitad de curso, algo que criticaron organizaciones como la Confederación Nacional de Estudiantes (CANAE), que reclama "conocer las reglas del juego" sobre estas pruebas antes de comenzar las clases en septiembre.

"Este problema viene causado por la chapuza legislativa que se hizo con la LOMCE y su posterior calendario de aplicación, y por una mala planificación educativa del anterior Gobierno", señala el presidente de CANAE, Carles López, lamentando que esta situación se vaya a repetir un curso más. "Es difícil solucionarlo con un Gobierno en funciones, porque la mejor solución sería dejar sin efecto el calendario de aplicación de la LOMCE", expone López.

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