Molina de la Torre reconoce que "es un año difícil en la lucha contra la despoblación, pero hay voluntad política"

El director del comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, Ignacio Molina de la Torre, ha reiterado la voluntad política que existe contra la despobalción "ante un problema que incumbe a todas als administraciones". 

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El Consejo Consultivo de Castilla y León, ubicado en Zamora, acoge desde el pasado miércoles el curso Instrumentos para afrontar los retos de la despoblación, que la Federación Española de Municipios y Provincias de España, FEMP. Este jueves la viceportavoz en las Cortes de Castilla y León, Virginia Barcones y director del comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, Ignacio Molina de la Torre han aprticipado en estas jornadas. 

Ignacio Molina de la Torre, ha asegurado que se están tomando las medidas para "cumplir el comprimo del año 2017 que no se cumplió con el gobierno de Rajoy pero Sánchez si lo asumió Es el primer paso para aprobar todas las estrategias que incumbe al gobierno, pero también a las administraciones regionales, provinciales y locales".

En este sentido, el máximo responsable del Gobierno contra la despooblación ha dejado claro que existe "una voluntad política y una hoja de ruta aprobada en la que se define el objetivo y las líneas transversales para conseguirlo. Falta convertir la estrategia en planes de acción. Ha sido el año más complejo para avanzar, falta el concurso de los demás, las ideas están y la voluntad política. Se debe avanzar para que la estrategia sea una realidad".

Una estrategia de la que pocas claves se dieron pero una de ellas es la incluisón de la despoblación y el envejecimiento en el plan de la Unión Europea de 2020-2021, y en un plano más territorial, mejorar "la conectividad y la calidad de vida para fijar población y que más personas se asienten en el medio rural".

Uno de los planes para conseguir este incremento poblacional radica en las conectividad desde el medio rural. De la que Molina de la Torre ha reiterado que " se debe continuar la ampliación de la banda ancha, dentro del plan que comenzó en 2014 y que dura hasta 2020 con fondos FEDER. Este año ya se ha convocado el del 2019, esperando al despliegue de las operadoras, a las que ya se les recordó su obligación de cubrir el 90% de la población y el 85% de todas las comunidades, tras cuatro años sin que el gobierno anterior se lo recordase. 

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