El Gobierno ha presentado una nueva normativa destinada a combatir el spam telefónico, un problema que afecta a millones de consumidores en España. La medida busca bloquear llamadas y SMS fraudulentos, prohibiendo el uso de números móviles para llamadas comerciales y obligando a utilizar numeraciones 800 y 900.
Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que estas medidas son insuficientes y advierte de que los fraudes telefónicos, especialmente en el sector energético, seguirán ocurriendo si no se aplican restricciones más drásticas.
Las llamadas comerciales, un canal de engaño
A pesar de que desde hace dos años las empresas solo pueden llamar a los consumidores con su consentimiento expreso, el spam telefónico sigue descontrolado. Muchas compañías utilizan prácticas ilegales, llamando desde números falsificados o suplantando la identidad de entidades legítimas.
Uno de los mayores problemas es que los consumidores no pueden identificar a las empresas que los llaman, lo que dificulta la denuncia y permite a estas compañías actuar con total impunidad.
¿Qué cambios introduce la nueva norma?
Las nuevas medidas incluyen:
- Bloqueo de llamadas y SMS con identificador manipulado para evitar suplantaciones.
- Prohibición del uso de números móviles para llamadas comerciales, que deberán realizarse desde numeraciones 800 y 900.
- Obligación de registrar los "alias" en SMS para evitar fraudes con mensajes falsos de bancos y otras entidades.
Además, los operadores telefónicos estarán obligados a bloquear llamadas internacionales con numeraciones nacionales falsas, uno de los métodos más usados por los estafadores.
Un problema sin solución inmediata
A pesar de estos avances, OCU señala que la norma tardará hasta 12 meses en aplicarse, lo que da margen a los estafadores para seguir operando. Además, no contempla sanciones para las empresas que sigan incumpliéndola, lo que pone en duda su efectividad.
El sector energético sigue siendo el más conflictivo, con numerosas denuncias por llamadas fraudulentas. OCU propone la prohibición total de la contratación telefónica en este ámbito, ya que las prácticas irregulares continúan afectando a los consumidores.
Sin medidas más drásticas y sanciones contundentes, la lucha contra el spam telefónico seguirá siendo insuficiente y los consumidores continuarán desprotegidos.
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