Hace casi veinte años desde que Castilla y León, junto con Navarra, se convirtieran en las primeras comunidades que reconocían la categoría profesional sanitaria de los ópticos optometristas que ejercían en la comunidad. Un reconocimiento que hacia vislumbrar un futuro en el que, junto a los oftalmólogos, se formara una sinergia en beneficio de los ciudadanos dentro del sistema público sanitario.
Sin embargo, 19 años después, estos profesionales no están aún incluidos dentro del sistema público sanitario de Castilla y León. Desde hace años, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León se esfuerza en hacer llegar a la consejería de Sanidad la necesidad de incluir a estos profesionales en el sistema público de manera que se pueda garantizar una atención de calidad respecto a la salud visual de los ciudadanos.
Según los números oficiales del gobierno regional, Zamora contaba en marzo de 2023 con 5.658 personas esperando por una primera consulta en Oftalmología con una media de 122 días de espera para ella, muy por encima de la media autonómica, con 98 días.
‘’Es cierto que hay cosas que se pueden retrasar, pero hay algunas que son muy importantes. Lo triste es que se den citas con tanta lista de espera cuando hay cosas que se pueden solucionar muy fácilmente y no tienes por qué esperar’’, señala Emma Laguna, delegada provincial en Zamora del Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León.
Y es que, si algo preocupa especialmente a la ciudadanía es el aumento de la demora para recibir la primera consulta. Una consulta que, en muchos casos, va a encontrar una solución que puede brindar un óptico optometrista, haciendo un ‘triaje’ a la oftalmología y reduciendo las listas de espera ‘’aproximadamente en un 30%’’.
No obstante, Laguna insiste en que ambas profesiones son diferentes y complementarias. ’’El oftalmólogo es la persona que va a tratar todas las patologías, pero también le llegan personas que no tienen patologías de ningún tipo. Personas con una miopía, una vista cansada, un astigmatismo… podríamos evitarles mucho trabajo porque podríamos hacerles de criba’’, incide.
Un problema que va mucho más allá de la demora en el diagnóstico de la patología, si es que la hubiera, y que puede afectar también en muchos aspectos de la vida cotidiana como puede ser el rendimiento académico, especialmente en niños. ‘’Imagínate un niño que llega y no ve la pizarra. Ese niño es un futuro fracaso escolar y no es porque no sepa, es que no ve. Si no ve cómo va a aprender. A esos niños si los retrasan y les dan siete meses de lista de espera pierden un curso escolar’’, señala Laguna.
Con el paso de los años, Emma Laguna ha visto como la espera para una consulta ha provocado, en algunos casos, que las patologías no puedan ya ser tratadas, lo que refuerza la necesidad de que el colectivo entre a formar parte del sistema público sanitario. ‘’Hay patologías que si se espera tiempo ya no se pueden coger. Si a todas esas personas que se están derivando, lo puede ver un óptico optometrista les estamos evitando mucho problema a ellos y les estamos dando un tiempo que ahora no tienen’’, señala.
Desde que en 2004 se reconociera la categoría profesional sanitaria, unos 400 profesionales trabajan en hospitales y centros de salud de hasta once comunidades autónomas, contribuyendo así a la mejora de la atención visual: Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Sin embargo, esta iniciativa no ha llegado a ser una realidad en Castilla y León.
La incorporación de los ópticos a Sacyl contribuiría de forma muy significativa a un ahorro de costes para el sistema público sanitario de la comunidad, tal y como se desprende del informe sobre ‘’Ampliación de cartera de servicios en salud visual: una aproximación de evaluación económica’’ entregado a la Consejería de Sanidad. Según las cifras de derivaciones desde Atención Primaria para problemas de agudeza visual, estimadas en 74.000 personas al año en la población pediátrica y en 63.100 en la población adulta, se requerirían 31 unidades de Optometría, con un coste de 59.309 euros cada una, lo que supondría un desembolso de 1.838.579 euros, casi la mitad del coste total estimado actualmente de 3.642.300 euros.
Una labor y una actividad, la de los ópticos, que ha incrementado su importancia en la sociedad con el peso de los años, pero que ha crecido a un ritmo vertiginoso a raíz de la pandemia causada por la Covid-19. ‘’Hicimos un trabajo muy importante porque en la sanidad no se veían pacientes. Había personas que ‘perdían la vista’ porque les aparecía algo y la situación les generaba una situación de estrés que pensaban que tenían algo grave’’, afirma Emma Laguna.
Castilla y León es una de las pocas comunidades autónomas que disponen de titulación de Grado en óptica y Optometría. Unos estudios que cuentan con una amplia trayectoria de 27 años impartidos por la Universidad de Valladolid y con una amplia tasa de empleabilidad. No obstante, el colectivo en Castilla y León permanece en constante reciclaje, motivo por el que la profesión está altamente cualificada.
Una percepción que también tienen los ciudadanos, que cada vez optan más por acudir a establecimientos sanitarios de óptica. Tal y como demuestra la última edición del 'Libro Blanco de la Salud Visual en España', el 85% de los habitantes de Castilla y León estarían de acuerdo en que, si tienen alguna afección visual, antes de ser derivados al oftalmólogo, sean atendidos por un óptico-optometrista. Así, el 63% de los ciudadanos considera las ópticas como un servicio esencial, y el 83% considera positivo contar con un óptico-optometrista en la atención primaria.
COOCYL espera celebrar ‘’próximamente’’ una nueva reunión con la consejería de Sanidad para continuar con el proceso de integración de los ópticos-optometristas en el sistema público de salud de Castilla y León.
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