La plataforma de afectados por participaciones preferentes y subordinadas de la entonces Caja España-Duero, hoy Banco EspañaDuero integrado en el Grupo Unicaja, denuncian una nueva traba para poder recuperar sus ahorros de forma íntegra.
Según explican, el Ministerio de Economía y Hacienda les obliga ahora a quienes ganaron sus demandas con costas a declararlas como un incremento patrimonial, aunque esas costas representan la minuta de los abogados y no van a parar a su cuenta corriente (salvo las tasas y la provisión de fondos que hicieron, que en la mayoría de los casos ronda los 600 euros).
“El Ministerio quiere resarcirse de las pérdidas que nuestras victorias en los tribunales le han ocasionado. Siempre ha intentado escatimarnos lo que por justicia nos corresponde, en la falsa creencia de que somos la parte más débil en nuestro enfrentamiento con los bancos y las cajas de ahorros. Pero se sigue equivocando y esta nueva injusticia le volverá a costar al ministro Montoro otra derrota en los tribunales y un nuevo descrédito en su gestión, esta vez en la cabeza de la Agencia Tributaria”, afirman desde el colectivo.
La minuta que los abogados facturan a EspañaDuero puede ascender a varios miles de euros que, según Hacienda, deben incrementar la base imponible de los preferentistas al ser considerados un incremento patrimonial suyo. “A todas luces erróneo e injusto, como ha denunciado el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), y la Agencia Tributaria y el Ministerio de Economía lo saben”.