La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zamora ha lanzado un comunicado a las instituciones de Castilla y León respecto a la situación actual marcada por la llegada de la crisis sanitaria del coronavirus. Señalan que han enviado diversos escritos reclamando ayudas para los colectivos vulnerables y analizando las ayudas de la Junta de Castilla y León, las cuales consideran "claramente insuficientes". Este es el comunicado completo:
Como era previsible, una vez que la pandemiacausada por el “COVID-19” ha dejado ver su lado más oscuro de desolación ymuerte, de inseguridad y miedo, de la vulnerabilidad de la existencia humana, hemostomado consciencia de la necesidad de defender la vida por encima de mezquinosintereses egoístas a lo Donald Trump o como la patronal de Lombardía (Italia)que se resistieron a cerrar las fábricas a sabiendas que el principal foco deinfección estaba en dicha región y, con la boca pequeña, también en nuestropaís; de la necesidad de defendernos, los de abajo, las clases populares, delos irracionalismos infames de tipo neofascista a lo Bolsonaro o alespañolísimo Vox, y de la derecha más ultra, todos ellos patrióticos carroñeros, para quienes todo vale con tal dealcanzar sus inconfesables fines que no son otros que defender los privilegiosde los poderosos, del capital financiero y seamos los “paganinis” de siempre,haciendo que caiga el gobierno de manera antidemocrática.
Hemos vivido el colapso de la atenciónhospitalaria, la precariedad de las residencias de mayores, la importancia delos servicios públicos, la necesidad de tener un sistema de salud público,universal y con suficientes recursos para afrontar con éxito una epidemia comoésta, hemos visto la importancia de las luchas protagonizadas en la últimadécada por las mareas contra las políticas privatizadoras, contra los recortes enSanidad, Educación y demás servicios esenciales, hemos vivido con orgullo laentrega y la profesionalidad de lxs trabajadorxs del sistema sanitario, de lasolidaridad y ayuda mutua, tan necesarias, la defensa de los DD.HH. para podertener una vida digna de ser vivida, en donde la PAH tiene todo su campo deacción. Lo hemos vivido junto a conductas egoístas y antisociales minoritarias,sin sentido de comunidad.
En nuestro país, el derecho constitucionala una vivienda digna viene arrastrando incumplimientos clamorosos por losgobiernos de las distintas instituciones y cuyas consecuencias son unaemergencia habitacional que se arrastra desde la crisis-estafa inmobiliaria de2008, saqueo llevado a cabo por el poder financiero, con más de un millón defamilias desahuciadas por el impago de la hipoteca o del alquiler. Eso es loque va a suceder nuevamente si no conseguimos cambiar el rumbo y se exige a losbancos que arrimen el hombro devolviendo el rescate de más de 65.000 millonesde euros mediante la entrega de las miles de viviendas vacías que están en susmanos y que hemos pagado todos los ciudadanos.
Sin las luchas de la P.A.H. contra laspolíticas neoliberales llevadas a cabo por quienes nos han gobernado en losúltimas años, el desastre habitacional habría sido muchísimo mayor. En estanueva crisis, con el consiguiente aumento del paro y de la precariedad, puedesuceder lo mismo si el gobierno no se muestra firme en sus compromisos de que nadiese quede en la cuneta y ceda a la presión del poder de los bancos y de losfondos buitres haciendo recaer el peso de la crisis socioeconómica sobre los desiempre, los de abajo.
Las medidas adoptadas por el gobierno,al igual que las adoptadas por la Junta de CyL y el Ayuntamiento de Zamora, enrelación con las ayudas a pagar el alquiler o la hipoteca de la viviendahabitual, nos parecen claramente insuficientes al quedar fuera las familias másnecesitadas por no ajustarse a las exigencias requeridas, las que trabajaban enla economía sumergida y han quedado en el paro sin ningún tipo de derecho, las personasque viven en pisos compartidos y carecen de un contrato legal y ya no puedenpagar el alquiler por carecer de ingresos. Todos ellos forman un sector de lapoblación abocado a la exclusión y marginación social. Es necesario, como muybien le ha recordado el Procurador del Común de la Comunidad de CyL en dossendas RESOLUCIONES enviadas a la Consejería de Fomento en respuesta a lasquejas presentadas sobre diversos casos por la PAH de Zamora, una en febrero deeste año sobre el caso de una familia monoparental con dos menores a su cargo, concontinuas órdenes de lanzamiento que se han ido aplazando in extremis al notener alternativa habitacional y, la otra, en el mes de abril, la falta devoluntad de la Junta, su inoperancia, junto a distintos Ayuntamientos,incapaces de llevar a cabo iniciativas como poner a disposición de losciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad y exclusión social lasviviendas municipales ocupadas ilegítimamente y las vacías que requieren serrehabilitadas (ni una dotación para ello en las medidas adoptadas) o la creaciónde convenios con la banca y otros entidades, incluida las Cajas de Ahorros,como la Caja Rural de Zamora, para que no sigan echando a la gente a la calle ycumpla con la Obra Social a la que están obligadas, cediendo las viviendasexpropiadas por impago de la hipoteca en alquiler social a las familiasdesahuciadas; y que de una vez por todas se dote de una Parque Público deViviendas de Alquiler Social suficiente para atender todas las demandas (en losdatos que nos aporta la Consejería de Fomento de la Junta en respuesta anuestra carta, al nº de viviendas que forman parte del actual parque público deviviendas de alquiler le falta un dato básico que es la cantidad de solicitudesque quedan por atender. En Zamora seguimos esperando la adjudicación de las 4viviendas destinadas para alquiler social para las más de 135 solicitudes quecumplen los requisitos exigidos; es inexplicable la inoperancia de la Comisiónresponsable de dicha adjudicación)
Exigimos a dichas instituciones quemodifiquen sus políticas y procedimientos (protocolos) para combatir el riesgo de pobreza extrema y exclusión social, aumentando lospresupuestos, eliminando marañas burocráticas y condiciones restrictivas. Lasinstituciones públicas (los servicios sociales) aplican, muchas veces, unasfunciones de control social y contención de demandas en lugar de desarrollar lanecesaria función de facilitar las prestaciones, los recursos adecuados o losplanes para una integración social plena y multidimensional. Actualmente, conlos mecanismos informatizados de control fiscal existentes, se deberíanconcentrar todos los datos personales, familiares, laborales y de rentas parafacilitar los trámites. Sin embargo, la conclusión no debiera ser lamercantilización de la asistencia social con la monetización de los serviciospúblicos: esa es la opción neoliberal de sustituir el Estado de bienestar porun cheque generalizado o un impuesto negativo que administre cada cual. Lo que haría falta es una renovación yampliación de todos los servicios públicos y, específicamente, los serviciossociales. Se debe garantizar su función mediadora, asistencial,solidaria y de bienestar para la población, particularmente la más necesitada.Queda pendiente una reforma a fondo de la administración pública para hacerlamás ágil, transparente e interconectada.
Estos son los objetivos que nos planteamos conseguir:
-Dotar de mayores presupuestos en partidas de vivienda en el ámbitoestatal, autonómico y local para hacer efectivas la satisfacción de lasnecesidades demandadas.
-Ningún desahucio sinalternativa de vivienda digna, independientemente del proceso judicial que lo insta (hipotecario, porimpago de cuotas de alquiler, por precario o penal), comprometiendo social ypolíticamente a este Gobierno y demás instituciones (Junta y Ayuntamientos)para que implemente las medidas necesarias para proteger el derecho a lavivienda de todaslas familias, que se contemplan en los sucesivosdictámenes del Comité PIDESC de Naciones Unidas
-Exoneración, en lugar del pago aplazado, en todas las cuotas hipotecarias yrentas de alquiler -con compensaciónadecuada a pequeños propietarios- en el tiempo que dure la crisisdel coronavirus. Debemos impedirque sean las familias quienes seendeuden (nueve de cada diezsolicitantes de una moratoria de la hipoteca quedan fuera por no poder cumplirlos 4 requisitos que el decreto exige).
-Que las administracionesse doten de manera lo más rápida posible deun Parque Público de viviendas dealquiler social suficiente, mediante lainversión necesaria en losprogramas de vivienda, y mediante la utilizaciónde viviendas vacías dela gran banca, devolviendo el rescate impagado a la sociedad (65.725 M de €según el Banco de España); expropiación delas viviendas de la SAREB y, también, comprometiendo a los Fondos Buitrey las Socimis (aumento de la fiscalidad, aplicación de la ley deexpropiación forzosa delas viviendas vacías, adquisición de las mismas,convenios, etc.).
-Regulación del precio del alquiler de manera efectiva para detenerla expulsión masiva de familias de sus hogares
-Condonación dedeudas hipotecarias, de las deudas por impago de los alquileres y suministros afamilias vulnerables por falta de recursos económicos
-Suministrosbásicos garantizados: agua, luz y gas. Ahora las grandesempresas deben de asumir los impagos de las familias que se van a ver duramentecastigadas por esta nueva crisis que se nos avecina, condonando las deudas yrenunciando a una parte de sus inmensos beneficios.
En definitiva, se debe garantizar el derecho a la vivienda a través de laLey de Vivienda que llevamos impulsando desde la ILP de 2012, incorporando losavances de las diferentes leyes de vivienda de las CCAA, especialmente de la24/2015 de Cataluña, junto a otros derechos, como una renta social que permitauna vida digna y el acceso a la ciudadanía plena de los sectores vulnerables.