Los parlamentarios han criticado el oportunismo electoral del Gobierno y le ha exigido que aclare de una vez si los 11.308 empleados públicos de Zamora van a recuperar la paga extra de 2012. Han recriminado al Ejecutivo que haya filtrado sin ratificar esta propuesta y han asegurado que “el anuncio del Gobierno, además de ser una mentira más, cargado de electoralismo, como otros producidos estos días, es un esperpento y un insulto a la dignidad de los trabajadores públicos. El Gobierno quiere mostrarse generoso hacia los empleados públicos, devolviéndoles, y solo parcialmente, lo que, en todo caso, siempre fue de ellos”.
Los parlamentarios del PSOE han recordado que a mediados de julio de 2012, el Gobierno anunció la supresión de la paga extraordinaria de diciembre del personal laboral y funcionario de la Administración o, lo que es lo mismo, de una parte de su salario, no una bonificación. A partir de ahí, las demandas ante los juzgados se sucedieron en cascada y han sido decenas de sentencias las que se han pronunciado al respecto, todas con el mismo planteamiento: la paga extra es una parte del sueldo que se genera mes a mes y que no puede recortarse retroactivamente, es decir, los funcionarios tienen derecho a cobrar la parte que devengaron hasta la entrada en vigor del recorte el 15 de julio.
José Fernández y Mar Rominguera han subrayado que “lo significativo es que este anuncio se haga ahora, después de que los sindicatos lleven meses reclamando una negociación con la Administración que ha estado congelada. Porque, lo importante, si de verdad a este Gobierno le interesa la situación de los empleados públicos, es la apertura de un diálogo real con un colectivo que lleva acumulada una pérdida de poder adquisitivo de prácticamente el 30% desde que comenzó la crisis”.
En este punto, han explicado que las congelaciones salariales se han sucedido a lo largo de estos años, hasta este mismo 2015. En 2012, además el Gobierno de Rajoy redujo también el número de días de libre disposición, los llamados 'moscosos'.
Han añadido que, además, a partir de este año, los funcionarios bajo la cobertura médica de Muface han visto reducida sus prestaciones sanitarias debido a que el Presupuesto que el Gobierno destina a ello es insuficiente para las aseguradoras. Las pólizas han dejado de cubrir tratamientos de oncología, cardiología o neurología.
Los recortes en gastos de personal, las tasas de reposición, amortizaciones, jubilaciones, despidos o externalizaciones han reducido drásticamente el volumen de empleo público hasta alcanzar una cifra similar a la del año 2007. Desde enero de 2012 hasta 2014 se han perdido 166.521 puestos de trabajo en el total de las administraciones públicas. En educación, por ejemplo, la pérdida es de 6.184 personas. En la administración local, que tiene transferidos servicios sociales clave, la destrucción ha sido de casi 41.000 empleos.
Los Parlamentarios señalan que “el Gobierno, con la credibilidad a cero tras una legislatura sin diálogo social, pretende, a última hora, recuperar el tiempo perdido lanzando una serie de propuestas que no valdrán nada si no se apresura a concretarlas y a cumplirlas con la misma celeridad con que ha suprimido muchos de los derechos de los trabajadores en los últimos tres años y medio”.
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