Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora, y María Teresa Peral, directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería de la Seguridad Social, comparecían este mañana para valorar los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Zamora y su actividad durante estos nueve meses de 2023.
Respecto al paro registrado del mes de septiembre, 9.011 personas son las que, actualmente, se encuentran sin empleo. Una cifra que, en comparación con septiembre de 2022, suponen 620 menos.
En cuanto a los jóvenes menores de 30 años, y si nos fijamos en los datos de septiembre de 2018, se observan 411 parados menos; mientras que el número en las mujeres se sitúan en 1.076 menos, también comparándose con los datos del noveno mes de 2018.
Si se habla de la actividad del SEPE, se han tramitado 14.319 expedientes y las cuatro oficinas físicas de la provincia han atendido a 24.526 personas, mientras que la virtual ha atendido 4.250 llamadas.
De los trabajadores del SEPE, que son 44 empleados públicos los que trabajan en Zamora, un 25 por ciento de ellos son de Galicia. Una noticia que el subdelegado valoraba bien a corto plazo, ya que se cubren todas las plazas, pero que le genera dudas a largo plazo, ya que la intención de estos es volver a la comunidad gallega.
El empleo aforado se sitúa en 354, ya sea por altas de oficio o inducidos por infracciones en materia de extranjería o incrementos de jornada, y el número de expedientes finalizados es de 3.700. Además, la conversión de contratos temporales a indefinidos ha sido de 409 y el número total de infracciones ha sido de 393, siendo el 50 por ciento materia de Seguridad Social.
Finalmente, María Teresa Peral puso en valor la importante labor como servicio público que realizan y manifestó que Zamora está recuperando las cifras de plantilla de años pasados, aunque este año se jubilen siete personas.
Desde el INSS, que cumplirá este mes de noviembre 45 años, se están gestionando 48.000 pensiones, que suponen una nómina mensual que supera los 48 millones de euros, uniendo el Ingreso Mínimo Vital, los subsidios o el desempleo.
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