Las asociaciones que conforman la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Salud Pública de Castilla y León preparan para finales del próximo mes de enero en Valladolid una gran manifestación “si la evolución de la pandemia lo permite”, con la que exigirán al Ejecutivo autonómico “una sanidad pública de calidad en toda la Comunidad, que tiene que pasar por una Atención Primaria que alcance a toda la población, que sea accesible y que tenga los medios suficientes para responder a las necesidades de salud de la gente”, según expuso en declaraciones a Ical el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle.
La Cúpula del Milenio en Valladolid acogió la celebración de la I Asamblea Social en Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León, en la que participaron alrededor de seiscientas personas, integrantes de 24 de las plataformas que integran la Coordinadora, con representación desde todos los rincones de la Comunidad, desde Aranda de Duero hasta El Barco de Ávila, pasando por Las Merindades, Laciana, Villadiego, Guardo, Béjar, Zamora, Salamanca, Burgos o León, entre otras.
El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y el coordinador autonómico de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, quisieron respaldar con su presencia la convocatoria, si bien evitaron hacer declaraciones para ceder todo el protagonismo a las plataformas, que en el transcurso de la jornada pusieron en común todas las “luchas” que están llevando a cabo.
“Seguimos con los consultorios cerrados, con infinitas carencias, sin que se suplan plantillas, y oímos muchas ocurrencias por parte de la Consejería pero no se adopta ninguna solución, no hay ningún plan, mientras la gente ve cómo cada día van agonizando un poquito más sus pueblos. Nos preocupa mucho cómo estamos, y creemos que es muy importante poner en común las cuestiones, todas las necesidades que tenemos, reivindicar y dar alternativas, porque las hay y creemos que son ‘fáciles’ de solucionar cuando hay voluntad política, algo que por desgracia vemos que no existe”, lamentó en declaraciones a Ical la portavoz de la Coordinadora, Susana Simón.
“El otro día decía la consejera que tenía el consenso profesional y social para su plan, que todavía no sabemos cuál es, si es que hay un plan, porque creemos que no hay más que ocurrencias que nos van diciendo a modo de titulares de prensa, y la gente ya está muy cansada. Hemos visto lo importante que es tener una sanidad pública y accesible y ahora mismo en Castilla y León no es universal, porque no todo el mundo tiene el mismo derecho a la prestación sanitaria viva donde viva. Así no se consigue repoblar nuestra Comunidad; cuando cierras todos los servicios públicos es imposible que la gente se mantenga en los pueblos si la gente no tiene sus necesidades mínimas cubiertas, y las sanitarias son imprescindibles”, valoró.
En ese sentido, recordó que desde la Coordinadora llevan años reivindicando que se convoque el Consejo Castellano y Leonés de Salud, “un órgano que deberían convocar al menos dos veces al año y desde 2015 no lo han convocado”. “En él está representada toda la sociedad, no solo los colegios profesionales que también, sino que están las universidades, asociaciones de vecinos, sindicatos, ayuntamientos, la sociedad que al fin y al cabo es en quien repercute para lo bueno y para lo malo cómo está el sistema sanitario”, expuso Simón.
Por su parte, Marciano Sánchez Bayle recalcó que el objetivo de la Asamblea Social es “expresar el rechazo de la población ante la política que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León”. “Reivindicamos que se mantengan abiertos todos los centros de salud y consultorios, y que haya un refuerzo de personal para que exista suficientes profesionales que puedan garantizar una atención sanitaria de calidad”, subrayó.
En su opinión, “en España, de una manera crónica, la sanidad está infrafinanciada” y “si no hay recursos económicos suficientes no habrá lo demás”. “Es urgente incrementar las plantillas de los centros sanitarios, especialmente de la Atención Primaria, acabar con las privatizaciones, como en el caso del Hospital de Burgos, y garantizar que haya recursos suficientes para una atención de calidad, porque Castilla y León, a parte de una gran dispersión geográfica, tiene un gran envejecimiento de la población, y eso significa mayor presión sobre el sistema sanitario”.
A su juicio, con la pandemia problemas que ya existían anteriormente se han acentuado. Así, se refirió a que se han incrementado notablemente las listas de espera, han disminuido la inversión en Atención Primaria y los recursos profesionales de los sanitarios, y se ha visto claramente que el número de camas que existían estaban claramente por debajo de lo necesario para momentos de presión asistencial”.
Manifiesto
Tras la ronda inicial de intervenciones, se leyó un ‘Manifiesto por la sanidad pública en Castilla y León’, donde se denunció el “deterioro acelerado” del sistema nacional de salud y de la Sanidad en Castilla y León, como consecuencia de “la nefasta gestión y el brutal recorte presupuestario”. Fruto de esa realidad denunciaron que se han duplicado las listas de espera durante la última década, además de que la inestabilidad laboral supere el 50 por ciento de las plantillas en los centros de salud y hospitales de la sanidad pública, junto con el recorte en camas hospitalarias y camas UCI, todo ello junto con una “red de transportes y telecomunicaciones deficiente”.
Entre las exigencias planteadas, reclamaron la “apertura inmediata de todos los centros de salud y consultorios, así como de los puntos de atención continuada los siete días a la semana”; la cobertura de las consultas pediátricas hasta los catorce años en el medio rural; el refuerzo de los servicios de salud mental; la reducción de las listas de espera quirúrgicas; la disminución de la “insoportable inestabilidad de los trabajadores de Sacyl”; y la inversión en recursos propios en lugar de derivar pacientes a empresas privadas.
También solicitan una organización de un servicio de ambulancias de calidad; la realización de auditorías a las empresas concesionarias del transporte sanitario en la Comunidad; una “planificación racional” de la red de hospitales públicos de Castilla y León, que contemple una propuesta de hospitales comarcales; una red de residencias hospitalarias sociosanitarias dependientes del Sacyl, que con una distribución comarcal permitan el control y tratamiento de las enfermedades crónicas; y una financiación adecuada para la Atención Primaria, que estiman en el 25 por ciento del gasto sanitario público sin contar los gastos de farmacia.
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