Pleno agitado en el Ayuntamiento de Zamora por las reivindicaciones de sus trabajadores

El pleno ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de Zamora estuvo marcado por la tensión derivada del conflicto con los funcionarios municipales. La protesta se trasladó al propio salón de plenos, donde varios trabajadores presentes elevaron la voz en determinados momentos de la sesión, interrumpiendo su desarrollo y obligando al alcalde, Francisco Guarido, a exigir respeto y recordar las normas básicas del funcionamiento institucional.

Este episodio se enmarca en un conflicto que los sindicatos consideran estructural, al denunciar bloqueo administrativo, falta de transparencia y el incumplimiento de acuerdos clave como la implantación de la carrera profesional. Alertan también de la acumulación de expedientes sin resolver y del uso del silencio administrativo, algo que "repercute directamente en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos".

En el turno de ruegos y preguntas, el concejal de Vox, Javier Eguaras, cuestionó la capacidad del equipo de gobierno para acercar posturas en la negociación laboral con la Junta de Personal: "Es difícil de entender cómo cuando hay dos partes implicadas siempre defienden a los trabajadores y cuando son los encargados de negociar no son capaces de acercar posturas y llegar a acuerdos", expuso.

Otro de los asuntos que generó debate fue el ruego lanzado por Zamora Sí sobre la actuación de derribo en varios edificios en ruinas de la calle Puente en plena Semana Santa, obligando a modificar varios itinerarios de procesiones. La concejala de Urbanismo, Ana Belén González, defendió que el Ayuntamiento había realizado un seguimiento continuado del estado de las edificaciones —aunque la última inspección en la zona se realizó en el mes de noviembre—.

Hasta entonces, Patrimonio había rechazado el derribo en marzo de 2025 y, tras otra notificación a la entidad en noviembre, el Consistorio no obtuvo respuesta. Según explicó González, la decisión se precipitó tras el informe que la Policía Local realizó la semana pasada al recorrer los lugares por donde pasan las diferentes procesiones, en el que se advertía del riesgo en esa zona. Esto llevó a ejecutar el derribo de las edificaciones en mal estado entre el viernes y el sábado.

También desde Zamora Sí se abordó la "desorganización" vivida en la Plaza de La Marina la semana pasada, al coincidir puestos de comerciantes con motivo de la Semana Santa con un campeonato infantil de ajedrez. Eloy Tomé, portavoz de la formación, criticó la falta de coordinación entre concejalía y una supuesta ausencia de comunicación con los afectados.

El teniente de alcalde, David Gago, rechazó que no hubiera diálogo con los comerciantes al respecto de este hecho y aseguró que se les había ofrecido la alternativa de trasladar los puestos unos metros dentro del mismo espacio. No obstante, reconoció que no habían tenido en cuenta la coincidencia de ambos eventos.

En el apartado de mociones, Zamora Sí defendió dos propuestas que no lograron salir adelante debido a la abstención del equipo de gobierno. Por un lado, plantearon ampliar el periodo de instalación de terrazas con motivo de la Semana Santa para el futuro, incorporando así el fin de semana posterior al Jueves de Traslado. El alcalde, que no cerró la puerta a alternativas que "se están estudiando", justificó la decisión explicando que las limitaciones de las terrazas en calzada de la zona ORA obligarían a realizar reajustes en el contrato con esta empresa.

Por otro lado, la formación propuso la creación de un concurso municipal de escaparates para reforzar la implicación del comercio local en estas fechas, una iniciativa que tampoco properó.

El Pleno abordó la aprobación del expediente de modificación de créditos, que salió adelante con el apoyo del equipo de gobierno. Sin embargo, el concejal 'popular' Jesús María Prada criticó el documento al calificarlo de "chapuza" y acusando al Ejecutivo de presentar partidas que acaban desapareciendo y volviendo a aparecer en remanentes sin una planificación clara, además de abusar de los contratos menores.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, defendió que estas modificaciones permiten incorporar remanentes a medida que avanzan los proyectos, garantizando así que la falta de presupuesto no pueda retrasar su ejecución. Además, aseguró que el Ayuntamiento cuenta con capacidad económica suficiente.

En este punto, Guarido quiso poner en valor el resultaado de la sentencia sobre la expropiación de los terrenos de la ermita de Peña de Francia, unos de los aspectos más relevantes del expediente por la cuantía económica. Según explicó, el fallo "ha sido tremendamente beneficioso" para el Consistorio, ya que reduce a algo más de 700.000 euros una reclamación inicial del expropiado de hasta 13 millones.