El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, a través de la concejala Belén Sánchez de Anta, ha lamentado que la propuesta de nueva ordenanza regulatoria del acceso a los centros de Educación Infantil públicos de la ciudad sea discriminatoria para las familias con menos recursos.
Sánchez de Anta ha expuesto el tema de una manera muy sencilla. Para ello, ha tomado como ejemplo el de una familia con un menor de doce meses y cuyos ingresos mensuales sean 1,6 veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM); poco más de 850 euros, paga actualmente por la estancia 171 euros. Sin embargo, en caso de aprobarse la normativa diseñada por el bipartito de Izquierda Unida y PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad esta cantidad se dispararía hasta los 290 euros; es decir, 119 euros más.
De la misma forma, la concejala popular ha significado que aquellas familias cuyos ingresos mensuales sean hasta 3,5 veces el IPREM (unos 1863 euros) venían pagando hasta ahora 216 euros y comenzarán a pagar 290 euros, lo mismo que aquellas familias con 1.000 euros de ingresos mensuales menos.
Desde el Grupo Popular se ha anunciado que en la Comisión de Derechos Sociales de esta tarde se planteará que se realice una revisión de estas condiciones para que, verdaderamente, este servicio público sea realmente un servicio social y puede conllevar un mejor uso por parte de aquellas familias con menos recursos. Así, Belén Sánchez de Anta ha indicado que más parece que el equipo de gobierno prefiere buscar el beneficio de la empresa que opte a la concesión de este servicio que, en realidad, favorecer el servicio público a quienes más lo necesitan.
Con el nuevo sistema, ha continuado la concejala popular, existe una menor libertad de elección para los padres a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Hasta ahora era posible acceder a una media jornada mientras que con la nueva normativa se pasará a pagar por la jornada completa aunque no se use.
Finalmente, Sánchez de Anta, ha precisado que algunas de las propuestas planteadas por el Grupo Popular al borrador de esta ordenanza sí que han sido tenidas en cuenta por el equipo de gobierno como, por ejemplo, la equiparación en los criterios de acceso entre los hijos adoptados y los hijos biológicos y en lo relativo a la competencia desleal que se podría producir con otros centros privados de la ciudad en las actividades ofertadas en periodo vacacional en niños de 0 a 6 años.
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