El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, defendió la pertinencia y utilidad de dicha institución como “garante de los derechos de los ciudadanos” gracias al “control jurídico y colaboración con las administraciones” que demuestra el hecho de que “el 95 por ciento de las administraciones consultantes han seguido los dictámenes del Consejo”.
En su intervención ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, recogida por Ical, Sánchez de Vega hizo un resumen de la labor del Consejo en el último año, con 549 dictámenes emitidos, así como del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL), defendiendo su “utilidad” por su “función consultiva y jurisdicción” que sirve como “garantía de control y legalidad” para servir al “engranaje autonómico del Estado de Derecho en Castilla y León”.
Por ello pidió “valorar su utilidad en el conjunto del Estado” dentro de un ejercicio de “transparencia democrática” con la comparecencia de hoy, que supone además “un ejemplo de legitimidad democrática que responde a la realidad de la Comunidad” y cuyo origen está en el Estatuto de Autonomía para “responder a la realidad de una Comunidad como la nuestra para dar respuesta a todas las instituciones públicas con proximidad a los problemas reales de la gente”.
Y es que Sánchez de Vega defendió que “la vida de los ciudadanos late en las resoluciones que el Consejo aborda”, estimando en más de un centenar las reclamaciones derivadas del impacto de la pandemia de COVID-19 que llegarán al Consejo Consultivo de Castilla y León en 2022, y recordó que además de la fiscalización jurídica, el órgano propio de la Comunidad también “colabora con las administraciones facilitando que sus decisiones se acomoden al ordenamiento jurídico”.
Así, se refirió a la labor realizada a ambos respectos durante los 20 años de existencia del Consejo Consultivo, como más de 16.000 dictámenes emitidos y que fueron seguidos “en un 95 por ciento por las administraciones consultantes”, dado que ven en el órgano propio de la Comunidad “la garantía jurídica para los procesos administrativos y de contratación pública”, confirmando así que tanto ciudadanos como instituciones “reconocen la cercanía, la rapidez y la eficiencia” de las resoluciones del Consejo Consultivo.
También defendió la “independencia, rapidez, calidad, nulo coste y carácter preventivo y ejecutivo” de los dictámenes del TARCCyL, que están “orientados a salvaguardar el interés público” y que consiguieron, en el último año, resolver actuaciones en litigio por valor del entorno de 1.500 millones de euros con un plazo de emisión medio de 29 días hábiles, “mucho menos que los dos meses preceptivos”, con una “garantía de legalidad” que da al Consultivo un “alto nivel de autoritas”.
Por último, reseñó el “empeño” del Consejo Consultivo para reforzar el diálogo con las instituciones, con acuerdos como el suscrito con la Federación Regional de Municipios y Provincias para facilitar a los ayuntamientos y las diputaciones la tramitación de sus expedientes y los desarrollados con las cuatro universidades públicas de Castilla y León en los dos últimos años. Todo ello bajo el “código ético y de austeridad” del Consultivo por el que todas las resoluciones se encuentran en una página web propia que contó con más de 2,7 millones de visitas en 2021.
Datos de 2021
En cuanto a los datos de la labor del Consejo Consultivo y el TARCCyL durante el último año, Sánchez de Vega reiteró que los dictámenes emitidos por el primero fueron 549, donde las consultas procedentes de las administraciones locales superaron a las que promovió la Administración autonómica, siendo la Consejería de Sanidad la mayoritaria en los dictámenes solicitados por esta última.
También refirió Sánchez de Vega que buena parte de las consultas se refirieron a reclamaciones de responsabilidad patrimonial, presumiendo que Castilla y León cuenta con una de las cuantías mínimas previstas para acceder al Consejo Consultivo más bajas del Estado, con 6.000 euros para la Administración autonómica y 3.000 para las locales y provinciales, lo que hace que pueda acceder a este órgano propio de la Comunidad “la administración del último rincón de Castilla y León”.
Además, recordó las recomendaciones dirigidas directamente a la Administración autonómica para evitar la “amenaza de declaración de nulidad de los decretos cada día más palpable” a través de la introducción de una “valoración suficiente de los impactos” de las diferentes normas aprobadas.
En referencia al TARCCyL, Sánchez de Vega desveló que se recibieron 218 recursos a lo largo de 2021 de los que fueron resueltos 207. Una tasa de resolución del 95 por ciento que, además, arroja el dato de que solo en el 24 por ciento de los casos resueltos se estimó total o parcialmente el recurso, por lo que se antoja un “escaso nivel de conflictividad”.
Los datos reflejan, según el presidente del Consejo Consultivo, que el incremento de actividad “ha sido mínimo” en 2021, aunque reconoció que los recursos que llegarán con la aplicación del instrumento ‘Next Generation’ de fondos de la UE durante estos próximos meses “afectará directamente al funcionamiento del Consejo y el Tribunal y obligará a la reorganización de los recursos humanos y materiales”, como ya se hizo en pandemia “cumpliendo, no obstante, con el compromiso de coordinación semestral con los demás tribunales administrativos de España”.
Como conclusión, Sánchez de Vega se mostró “satisfecho” por los datos referidos y aunque aseguró que mantienen desde el Consejo Consultivo un “horizonte de mejora permanente”, volvió a reivindicar su labor como “garantía de los derechos de los ciudadanos” y de “control jurídico y colaboración con las administraciones”.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios