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​El Procurador del Común pide la institucionalización de un protocolo en las universidades para agilizar la respuesta ante crisis sanitarias futuras

Se interesa por las aportaciones de las universidades públicas de la comunidad a la lucha frente a la pandemia

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La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para cuya gestiónfue declarado el estado de alarma en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 demarzo, dio lugar a una situación sin precedentes en la que era necesaria lamáxima disposición de todas y cada una de las instituciones públicas y privadaspara atender las necesidades de todo tipo que la ciudadanía demandaba y que, enbuena medida, están perdurando, sin que en estos momentos exista certidumbresobre la evolución de la pandemia en el futuro.

Coincidiendo con el inicio de la crisis sanitaria, el Procuradordel Común abrió, el 31 de marzo, una actuación de oficio para determinar lacontribución que estaban llevando a cabo las universidades públicas de laComunidad, poniendo a disposición de la lucha frente a la pandemia provocadapor la COVID-19 sus equipos, laboratorios, talleres, etc., así como los investigadoresy otros profesionales o personal con conocimientos y habilidades que pudieranhacer sus aportaciones en todos los campos en los que fue y sigue siendopreciso actuar.

A tal efecto, en esa misma fecha, la Defensoría se dirigió tantoa la Consejería de Educación como a las cuatro universidades públicas de laComunidad, para que proporcionaran información sobre la cuestión expuesta, asícomo sobre las actuaciones que pudieran estarse llevado a cabo desde un primermomento o se tuviera previsto realizar, de forma individual, o en coordinacióncon otras Administraciones o entidades de todo tipo.

Aunque la naturaleza de la situación requería que la informaciónfuera facilitada a la Procuraduría en el plazo de tiempo más breve posible y,de hecho, se requirió la oportuna respuesta en un plazo de 8 días, los informesque les remitió la Consejería de Educación y las cuatros universidades públicasfueron recibidos entre el 7 de mayo, fecha en la que se registró el primero delos informes, y el día 26 de junio en el que se recibió el último de losinformes, justificándose la demora en buena medida por la situación derivadadel estado de alarma.

Analizada la información proporcionada, mediante las resolucionesdel Procurador del Común advierten “el esfuerzo de colaboración desarrollado porla administración educativa de la Comunidad y por las universidades públicas deCastilla y León para poner a disposición de la lucha contra la COVID-19 y susconsecuencias todos los recursos materiales y personales disponibles que se habíanrequeridos, fundamentalmente por las autoridades sanitarias, en función de lasnecesidades que se presentaron en los momentos más duros de la pandemia,incluso con posterioridad al punto álgido de la crisis”.

Con todo, la experiencia vivida ha de servir, de cara al futuro,para actuar si cabe “con una mayor agilidad, coordinación y eficacia, debiendoasumirse la existencia de la nueva vulnerabilidad a la que está sometida lapoblación a nivel global”.

Más aún, lejos de haberse superado la crisis sanitaria, se consideraque este es el momento de dedicar todos los esfuerzos posibles para laprevención y lucha frente a los efectos de todo tipo derivados de la enfermedad,fundamentalmente de tipo sanitario, social, laboral y educativo; por ello, enlo que a las universidades públicas se refiere, con el precedente que supone lacolaboración proporcionada con medios materiales y humanos en la presentesituación de crisis sanitaria, se han de buscar fórmulas para normalizar esacolaboración ante situaciones futuras que así lo requieran como parte delservicio que las universidades públicas han de prestar a la sociedad.

Por ello, mirando al futuro, “se entiende que puede ser de granutilidad que dichos centros de formación e investigación cuenten con unprotocolo de actuación ante eventuales futuras situaciones de crisissanitarias, para aportar, en la línea de lo que han hecho y siguen haciendo enla actualidad, los medios personales y materiales disponibles (inmuebles,camas, equipos de protección, impresoras, laboratorios, etc.), designando un responsableo un equipo responsable que inicie la apertura y cumplimiento del protocolo y tomedecisiones en el marco del mismo, lo que aportaría eficacia y agilidad parahacer frente a situaciones sobrevenidas”.

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