El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy el decreto regulador del régimen de conciertos sociales en Castilla y León, una fórmula organizativa entre la iniciativa pública y la privada para la gestión de los Servicios Sociales. La norma, según la Junta, refuerza la participación del Tercer Sector Social en este cometido y permitirá una tramitación más ágil y eficiente de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia.
El decreto se basa en la normativa estatal y europea sobre contratación del sector público, que permite a las administraciones concertar servicios sociales con entidades privadas a través de un procedimiento especial.
Según destacó la Consejería de Familia el pasado jueves, el decreto constituye una oportunidad para mejorar el ámbito de cooperación entre la Junta y las más de 4.000 entidades que conforman el Tercer Sector Social en Castilla y León, así como de aumentar la calidad y estabilidad de estos recursos y de las condiciones en que se prestan.
Junto a esto, valoró que la regulación de este instrumento jurídico se produce en paralelo a la ejecución de los proyectos aprobados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea, lo que va a favorecer una tramitación más rápida y eficiente de las iniciativas financiadas con estos fondos europeos.
Conforme al decreto de concertación social aprobado hoy, en el momento de seleccionar a la entidad prestadora de determinados servicios, la Junta va a primar factores sociales como la experiencia mínima acreditada, certificaciones de calidad obtenidas, valoración de los usuarios, implantación de prácticas innovadoras que incidan en la calidad del servicio, arraigo social en la localidad donde vaya a prestarse, promoción de la participación de voluntariado, o tener implementadas buenas prácticas en el ámbito de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral e igualdad de oportunidades.
El decreto establece, asimismo, que en caso de empate tendrán preferencia las entidades sin ánimo de lucro, y en el caso de que ese empate se reproduzca, se optará por aquélla que forme parte de la Red de Protección a familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.
Los servicios que pueden prestarse al amparo de esta fórmula jurídica son variados: promoción de la autonomía personal, fomento de la vida independiente e inserción social de las personas con discapacidad; apoyo a los procesos de integración dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión social; atención a los mayores y personas con dependencia; protección y reforma de menores; apoyo familiar y a la conciliación de la vida personal y laboral; atención e integración de las víctimas de violencia de género; protección jurídica de las personas que tengan limitada su capacidad de obrar, y prevención y asistencia en el ámbito de los trastornos adictivos.
El decreto fija en cuatro años máximo, prorrogables hasta ocho, la duración de los conciertos, ha sido elaborado con la participación y consenso de las entidades del Tercer Sector Social de la Comunidad.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios