La luz ha subido otro 4% en lo que va de mes y el recibo del usuario medio supera ya los 80 euros mensuales, según el análisis de Facua-Consumidores en Acción. El incremento acumulado alcanza nada menos que el 33% desde el pasado abril, cuando la factura estaba en 60 euros.
Por tanto, la factura mensual del usuario medio ha subido más de 20 euros en menos de ocho meses, denuncia Facua. Así, una familia con un consumo de 366 kWh y 4,4 kW de potencia contratada pagará 80,25 euros con las tarifas vigentes en lo que va de diciembre.
El incremento de los primeros veinte días de este mes se suma a los del 2,6% de noviembre, el 8,4% de octubre, el 1,5% de septiembre, el 0,9% de agosto, el 1,6% de julio, el 9,6% de junio y el 0,8% de mayo, después de un comienzo de año en el que se produjeron sucesivas disminuciones en el recibo gracias al mayor peso que tuvieron las renovables.
Por este motivo, entre otros, las 26 organizaciones de la sociedad civil impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org, partidos políticos que apoyan sus reivindicaciones y numerosos colectivos locales han convocado concentraciones y manifestaciones este miércoles 21 de diciembre en más de cuarenta ciudades de todo el Estado. En Salamanca será a las 20:00 horas en la Plaza Mayor, después de un apagón de una hora promovido entre todos los consumidores.
El manifiesto reivindica la paralización de los cortes de electricidad a familias sin recursos y medidas gubernamentales contra los abusos tarifarios de las eléctricas. A través de seis reivindicaciones, reclaman que se ponga fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigen también al Gobierno de España que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta.
Reivindicaciones del manifiesto
1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.