CSIF de Castilla y León ha reclamado a la Junta que es el momento de repensar el papel del Diálogo Social en la Comunidad y que es necesario modificar la normativa para que sus representantes, como sindicato mayoritario de la Función Pública en la Comunidad, tengan cabida en el Diálogo Social, a la vez que advierte que no permitirá que los empleados públicos sean de nuevo los paganos de la crisis.
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajador, el secretario de comunicación de CSIF, Rodrigo Molledo, argumenta que “no se puede seguir obviando al agente social mayoritario en la Función Pública”. “Tenemos que estar presentes en el Diálogo Social porque representamos la voz de 163.000 empleados públicos en la comunidad”, subraya Molledo, quien pide, para ello, una “actualización normativa que permita ampliar la representación sindical”.
“No existirá una pluralidad real si se sigue excluyendo a CSIF del Diálogo Social, siendo el sindicato más representativo de las personas trabajadoras que sostienen nuestros servicios públicos”, apostilla el líder sindical, quien contrapone su petición a la de aquellos que “están ahora preocupados en si pierden o no las dádivas y las cuantías económicas que reciben”. “Nuestra fuerza está en nuestros afiliados, simpatizantes y trabajadores”, manifiesta.
Además, en un comunicado de CISF recogido por Ical, su presidente autonómico, Benjamín Castro, pide que se proteja a las personas que están detrás de los servicios públicos y se tenga en cuenta el esfuerzo que han realizado durante la pandemia para mantener la atención y las prestaciones a la ciudadanía.
“No vamos a aceptar que los empleados públicos sean de nuevo los paganos de la crisis. Que nadie dude de que CSIF saldrá a las calles con una gran movilización, si los recortes continúan y las medidas del Gobierno y comunidades autónomas no se corresponden con la generosidad de los trabajadores y las trabajadoras de las administraciones públicas”.
Al mismo tiempo, CSIF pide que se articulen medidas fiscales y de renta que protejan a las familias, ya que “los trabajadores y trabajadoras no pueden empobrecerse más”.
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