ANPE ha reclamado ante los tribunales la simultaneidad del derecho a la progresión en la carrera profesional y los sexenios para los docentes y es que desde el sindicato resaltan que la Junta de Castilla y León, a comienzos de este curso, ha empezado a desarrollar la carrera profesional para todo su funcionariado, “pero no en igualdad de condiciones”.
Desde ANPE inciden en que en su momento fue un pacto suscrito por la Administración y las centrales sindicales CSIF, CCOO y UGT, que cuentan con presencia en todos los sectores. “Ahí quedaron las firmas. El resultado ha sido que, mientras que el resto de funcionarios no han de renunciar a ninguna de sus condiciones laborales previas, ni a derechos adquiridos, para poder disfrutar del nuevo complemento autonómico, sin embargo a los docentes se les obliga a renunciar al complemento de formación permanente (sexenios) si quieren integrarse en dicha carrera profesional”.
En otras comunidades autónomas como Asturias o La Rioja, en donde existe la carrera profesional, se permite a los docentes seguir percibiendo ambas retribuciones. La manera como la Junta de Castilla y León está tratando el desarrollo de la carrera profesional para sus funcionarios, “lejos de dignificar la función docente, ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas y en una mayor desmotivación de los cuerpos docentes”.
Precisamente hace unos días la consejera de Educación, Rocío Lucas, celebraba textualmente que “Ya nadie, ni en Castilla y León, ni en España, pone en duda que el sistema educativo de esta Comunidad es el mejor”. También recuerdan en ANPE que el anterior consejero en la materia, Fernando Rey, cada vez que salían los resultados del informe PISA, animaba al resto de españoles a venirse a vivir a Castilla y León para disfrutar también de la calidad educativa de nuestra tierra. Por tanto, “corresponde mover ficha a la Consejería, y reconocer en las retribuciones el esfuerzo de sus profesionales. No puede ser que cuando hay hasta parámetros objetivos que reconocen el esfuerzo de los docentes, el ninguneo por parte de la Administración sea tan palpable”.
Dado que no ha sido posible ninguna negociación en este asunto con la Administración, y ante la cerrazón de esta, ANPE se ha visto obligado a acudir, en su día, a la jurisdicción contencioso-administrativa. “Se trata de hacer valer los derechos retributivos de los docentes, en la esperanza de que los magistrados concedan lo que los políticos han negado a los profesionales del mundo educativo. Esperamos que la justicia resuelva a favor de los derechos de los docentes, injustamente tratados en este aspecto, y en algunos más”.
Para los docentes de Castilla y León siempre hay palabras de agradecimiento y ánimo, siempre palabras (y más por el trabajo desarrollado en tiempos de pandemia), pero alguna vez la Junta tendrá que empezar a retribuirles conforme a su dedicación y esfuerzo.
ANPE mantiene el compromiso que tiene con afiliados y simpatizantes de seguir defendiendo a la profesión docente en todas las instancias posibles, a la vez que confía en que el resultado final de este proceso judicial sea un paso importante que consiga enderezar el rumbo emprendido por la Junta de Castilla y León en el desarrollo de la carrera profesional de todo el funcionariado.
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