En un comunicado conjunto, UGT y CCOO han destacado que "es una reclamación histórica de ambas organizaciones y su puesta en marcha "completa uno de los vacíos de cobertura de la red de protección social" de España. "Esta renta se hacía imprescindible desde el inicio de la crisis del COVID-19, hace ya más de dos meses, con el fin de que las familias sin ingresos contaran con unos recursos mínimos para vivir", han argumentado.
En cualquier caso, han apuntado que la aprobación de este ingreso mínimo "no debe excluir que se mejore su regulación durante su trámite parlamentario, y debe ser acompañado de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa de CCOO y UGT, avalada por 710.000 firmas para una Prestación de Ingresos Mínimos "que lleva parada en el Congreso cuatro años".
"Una renta que refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza", han subrayado. Eso sí, CCOO y UGT han pedido un seguimiento permanente por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo.
Además, sostienen que debe ser independiente del cobro de otras prestaciones asistenciales y del subsidio por desempleo, con el fin de proteger a todas las personas que peor lo están pasando debido a esta pandemia.
En este contexto, los dos sindicatos han defendido durante el Estado de Alarma la aprobación de esta renta para dotar de unos recursos mínimos a las familias que estaban en situación de pobreza, exclusión o riesgo de exclusión social. "Los sindicatos hubiéramos preferido que se hubiera articulado como una medida urgente y extraordinaria desde hace más de dos meses", han agregado al respecto.
Tal y como han afirmado, hay un millón de desempleados más debido a la COVID-19, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación; uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza o exclusión social; 700.000 hogares sin ningún ingreso; más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro; 33.000 personas sin hogar; y 12 millones de personas en riesgo de pobreza.
Así, para CCOO y UGT "se hacía necesaria esta Renta Mínima Vital, con requisitos específicos debidos a la crisis del COVID-19" y que articulada de la manera correcta "puede alcanzar a todos los colectivos desfavorecidos y convertirse en un elemento determinante para que la salida de la crisis sea más rápida".
MEDIDA "POSITIVA", AUNQUE "TARDÍA"
USO también ha aplaudido la puesta en marcha, "aunque tardía", del Ingreso Mínimo Vital. "Es oportuno que se tome en este momento, cuando ha crecido y crecerá aún más la pobreza en los hogares", ha afirmado. En su opinión, no hay que "escudarse" en el coronavirus porque "el empleo y su deterioro está detrás del empobrecimiento de la sociedad".
Según ha remarcado el sindicato, "las colas en muchas ciudades para recoger comida se han ido alargando en las últimas semanas y los datos de distintas ONG se acercan ya a los peores de la no superada crisis económica anterior". "El incremento de la pobreza sería una injusticia en términos humanos, pero también demoledor social y económicamente para quien prefiere que se le den ese tipo de argumentos", ha apuntado Pérez.
Tal y como ha destacado, el nuevo sistema "trata de homogeneizar los numerosos tipos de ayuda de este tipo, autonómicos o locales, que ya existían y tenían condiciones y cuantías diferentes". De hecho, en algunos territorios, ni siquiera existían, según ha lamentado USO.
"Igualar este ingreso tiene más sentido que perpetuar la ayuda a los más necesitados en relación a su lugar de residencia", ha agregado el secretario general del sindicato. Al respecto, ha avisado a los territorios de que "no se trata de que el ingreso a nivel estatal pase a ser una subvención indirecta a las cuentas de las comunidades autónomas".
"Si se invertía en servicios sociales, debe seguir en esa partida, no destinarse a otros fines. Si sirve para complementar la renta porque en esa autonomía era mayor, perfecto; si no, hay otras muchas partidas sociales que necesitan de dotación en estos momentos tan difíciles", ha manifestado.
A su juicio, una de esas inversiones "imprescindibles" es la inserción laboral. "Es un error hablar de esta renta como de caridad. Hay que darles herramientas formativas para volver al mundo laboral. Muchos ya estaban fuera de este mercado por los efectos de la digitalización. No se les puede dejar caer", ha dicho.
"Hay que apostar por políticas de formación y empleo, y por crear a largo plazo una estrategia nacional de empleabilidad basada en la digitalización, la I+D+i y la economía verde. La normativa laboral está obsoleta y ha sido el caldo de cultivo perfecto para no poder amortiguar un golpe tan inesperado", ha incidido.