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STAJ Zamora denuncia la exposición al COVID-19 de los trabajadores que están fuera de las sedes judiciales y pide material de protección

Aseveran que el Ministerio de Justicia, como empleador, no puede obviar, ya que de otro modo actuaría de forma negligente

Funcionarios de Justicia anuncian movilizaciones si el nuevo secretario de Estado no les presenta una oferta "inmediata"

El Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia (STAJ) de Zamora ha lanzado un comunicado expresando su preocupación por las condiciones laborales de exposición al coronavirus que tienen lgunos empleados de la administración de justicia. Destacando aquellas que se encuentran fuera de las sedes judiciales, lamentan la actitud del Ministerio a la hora de no dar el material correspondiente para tratar de evadir al coronavirus.

A continuación, el comunicado al completo:

En la administración de justicia hay una gran cantidad de puestos de trabajo que implican el contactocercano con otras personas, la atención al público, Registro Civil, asistencia a víctimas, celebración de juicios, etc.,pero destacan especialmente todos aquellos que realizan actos de comunicación fuera de las sedes judiciales:Compañeros del SCACE, funcionarios de Auxilio de los Juzgados de lo Social y Auxilios de los Juzgados de loSocial, Funcionarios de las Agrupaciones de Secretarias de Juzgados de Paz en los pueblos, funcionarios de Auxiliode los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la provincia, etc.….). Todos ellos han de acudir a losdomicilios de los particulares donde, en muchísimas ocasiones, se les recibe sin portar ningún tipo de mascarilla oprotección. 

Desde el inicio de la pandemia por Covid, para la protección frente al riesgo de contagio, el Ministerio deJusticia realizó reparto de mascarillas, eso sí, transcurridos varios meses y con deficiencias que fueronposteriormente subsanadas. Las únicas que ha proporcionado a los trabajadores de su ámbito, desde el inicio, hansido exclusivamente mascarillas quirúrgicas. 

Todo ello implica un gravísimo riesgo para su salud del todo intolerable, que el Ministerio deJusticia, como empleador, no puede obviar, ya que de otro modo actuaría de forma negligente. La semanapasada falleció en Burgos un compañero destinado en el SCACE por Covid. Pudo haberlo cogido trabajandoo no pero el riesgo de exposición es evidente. 

En estos momentos de extrema gravedad, en que el Gobierno y CCAA han vuelto a declarar estadosexcepcionales debido al aumento exponencial de casos, es completamente urgente e ineludible que se dote detodo el material de protección necesario y adecuado para no poner en riesgo la salud de los funcionarios querealizan los actos de comunicación en la calle. 

Tampoco hoy y para el ámbito Ministerio se ha elaborado protocolo alguno sobre medidas de prevención frente alCovid-19. ¿Qué medidas preventivas se deben utilizar en los desplazamientos fuera del centro de trabajo? ¿Quémedidas de protección y protocolos se adoptarán durante la práctica de actos de comunicación y ejecución endomicilios de particulares? ¿Qué equipos de protección individual y otros elementos se pondrán a disposición delos funcionarios para la práctica de estos actos de comunicación y ejecución? 

Los funcionarios están muy preocupados y temen por su salud. Están desprotegidos para la actividad que se realizadiariamente y en algunos casos han procedido a comprar material de protección de su propio dinero.

Nos consta que esta petición ha sido realizada de manera continuada por todos los Delegados delSTAJ al Ministerio, Gerencias Territoriales y Unidad de Coordinación de riesgos laborales del Ministerio deJusticia, solicitando exactamente lo mismo que denunciamos ahora. 

Con su actitud demuestra el Ministerio de Justicia la falta total de interés por la salud de sus trabajadores, alos que hace correr riesgos que son del todo inaceptables, vulnerando con ello la Ley 31/1995 de Prevenciónde Riesgos laborales que establece en su artículo 14: 

“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citadoderecho supone la existencia de un correlativo deber de empresario de protección de los trabajadores frente a losriesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente un deber de las administraciones públicasrespecto del personal a su servicio” 

DENUNCIAMOS PUBILICAMENTE ESTA SITUACIÓN y EXIGIMOS NUEVAMENTE que se proveaurgente y periódicamente de mascarillas, como mínimo FFP2 a todos los funcionarios que realizan actoscomunicación fuera de las sedes judiciales de todo el ámbito territorial gestionado por el Ministerio deJusticia.

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