Los aforamientos, o el gran número de ellos que existe en España, han causado mucha polémica de un tiempo a esta parte y han sido utilizados como elemento para poner en tela de juicio los privilegios que poseen algunos cargos públicos por el mero hecho de serlo.
Existen diferentes tipos de aforamiento, dependiendo del cargo al que vaya adherida esta condición, pero todos tienen un rasgo en común. La persona que lo posea podrá ser juzgada, llegado el caso, por un tribunal diferente al que les correspondería como ciudadano 'normal'.
Por ejemplo, en el caso concreto de Rosa Valdeón, en lugar de tratarse en los juzgados de primera instancia, su asunto iría a parar directamente al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Si el acusado fuese diputado nacional, miembro del Gobierno o de la Familia Real, la investigación pasaría a manos del Supremo.
Según informan en el portal especializado en la materia 'El Jurista', "esta figura fue justificada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 22/1997 como una necesidad para proteger a los miembros del Gobierno frente a actuaciones que menoscaben sus funciones, a través del uso abusivo de querellas que confundan la responsabilidad política y la penal".
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