Los taxistas de Zamora se concentrarán el próximo 30 de mayo, al igual que sucederá en el resto de provincias de Castilla y León, según ha hecho público mediante un comunicado la Federación regional. En dicho texto reconocen que lo hacen motivados por la competencia desleal de los vehículos de alquiler con conductor (VTCs).
“El servicio de taxi que se presta en todo el estado español es un ‘servicio público’, con una regulación jurídica y fiscal específica y muy restrictiva, con tarifas reguladas por las distintas administraciones, que hace que se dote de transparencia y seguridad jurídica a los usuarios de dicho servicio. Está totalmente tutelado por la administración para tarifas, prestación del servicio y necesita del apoyo de ésta para que los nuevos operadores privados de plataformas tecnológicas y logísticas o de falsa economía colaborativa, cumplan con la legislación vigente y no se les permita entrar en el mismo mercado con unas condiciones que supongan una competencia desleal (o en condiciones mucho más favorables) hacia el sector del taxi, lo que podría a medio plazo, conllevar la desaparición del servicio público del taxi como tal”, reza el comunicado.
Además consideran que las autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor son competencia directa con el sector del taxi a nivel nacional. “Autorizaciones permiten competir en condiciones muy favorables para este tipo de vehículos, puesto que tienen libertad de precios, no tienen una regulación tan restrictiva como el servicio del taxi y tampoco tienen obligación de prestar el servicio. Todo ello supone que, si se aumentan las autorizaciones VTCs, el sector del taxi se verá abocado a desaparecer puesto que, por el control de precios y las numerosas normativas que le aplica la administración, no puede competir con este tipo de vehículos”, señalan.
Asimismo, mantienen que “el acoso y derribo que está sufriendo el sector del taxi de toda España puede suponer su total desaparición, con el grave perjuicio que se ocasionaría a más de 100.000 familias que viven y prestan sus servicios de taxi en todo el territorio, así como a los propios usuarios a medio plazo, pues si desaparece el servicio público del taxi, la movilidad urbana quedará en manos privadas de multinacionales que finalmente impondrán sus condiciones meramente económicas, con una enorme precarización social y laboral, con unos costes por servicio variables y seguramente superiores a los del taxi, y sin ningún tipo de competencia, puesto que habrán destruido un sector mayoritariamente de autónomos como es el del taxi”.
Por todo ello solicitan al Gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios que defiendan un sector público como es el del taxi, “que no supone costes a las administraciones y sí ingresos, ante las presiones de multinacionales que solo les mueve su interés económico, y que pongan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a controlar de forma estricta el servicio de VTCs para que cumplan la legalidad vigente, y a su vez, se tomen las medidas oportunas para posibilitar unas condiciones de competencia justa entre los dos sectores”, concluyen.
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