La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior estima una partida de 641.911 euros y una plantilla mínima de siete personas para que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León eche a andar, si bien antes antes las Cortes tienen que aprobar la ley, nombrar a su director y acordar el reglamento de funcionamiento.
En su comparecencia en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de las Cortes, la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, María García, precisó que con esa estimación cumplen con la observación del dictamen del Consejo Consultivo relativa a la falta de impacto económico en el anteproyecto de ley.
García explicó que están a la espera del informe de la Dirección General de Presupuestos, para que la norma vaya al consejo de secretarios y se apruebe en el Consejo de Gobierno, si bien admitió más “demora” de la que la “gustaría”, como indicó también la socialista Alicia Palomo, en su pregunta.
“Pese a su buena voluntad, creo que terminará la legislatura y la Agencia no verá la luz”, sentenció Palomo, convencida de que el vicepresidente y consejero del área, Francisco Igea, “una vez que ha tocado poder no le interesa luchar contra el fraude y la corrupción”.
María García manifestó que “el momento llegará”, en referencia a la aprobación del anteproyecto y su remisión a las Cortes, donde confió en contar con las aportaciones del Grupo Socialista para mejorar el texto, ya que también en su programa electoral incorporó la creación de una oficina contra el fraude y la corrupción.
Las demoras se han producido por circunstancias ajenas a la Consejería, como la petición de los informes preceptivos al Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo de Cooperación Local, así como por a pandemia, aclaró la directora general, que subrayó su “empeño personal” en que este proyecto salga adelante.
En su primera intervención, Palomo criticó que el “proyecto sigue estancado” y enumeró las observaciones y “el revés” dado al mismo tanto por el Consejo de Cuentas como por el Consultivo, tanto por la ausencia de un informe de impacto económico, como porque el texto era “ambiguo y poco concreto en la definición de los delitos”.
La directora general aclaró que, en un primer momento, se decidió adscripción de esta Agencia al Consejo de Cuentas pero manifestó que solo Galicia y Canarias tienen esa fórmula y no es muy efectiva porque solo puede tener funciones de prevención. De manera que se optó por centrarla en las Cortes, como en Valencia.
Así, el anteproyecto señala que esta Agencia, independiente y autónoma, estará adscrita a las Cortes , que nombrará a su director por tres quintos de los procuradores en la primera votación y por mayoría absoluta en la segunda. Una vez nombrado, en el plazo de seis meses, presentará a la Mesa de las Cortes un proyecto de funcionamiento y organización.
En el presupuesto de las Cortes de Castilla y León irá su presupuesto, lo mismo que ocurre con los consejos de Cuentas, Consultivo, CES y Procurador del Común, instituciones propias de la Comunidad adscritas al Parlamento autonómico.
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