El mismo viernes 8 de octubre en el que el Ayuntamiento de Zamora denunció ante el juzgado de guardia al interventor municipal, el consistorio elevó a la Junta de Castilla y León la conducta del interventor, concretamenta a la Consejería de Presidencia a donde ya se había trasladado otro expediente del interventor que actualmente se encuentra con un recurso del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Zamora ha trasladado a la Junta de Castilla y León todos los hechos que se han puesto en conocimiento del juzgado en la denuncia realizada el pasado viernes por si también constituyeran "falta grave" del interventor, algo que lleva la Junta de Castilla y León.
El Consistorio relata que, según la Ley de Función Pública, concretamente en su artículo 82, podría ser constituyente de expediente disciplinario en varios de sus apartados. Concretamente Francsico Guarido relató que se ha trasladado la conducta del interventor por poder ser causante de obstaculización del ejercicio de las funciones de sus compañeros o subordinados; conductas constitutivas de delito doloso que traen un daño a la administración; incumplimiento del deber de reserva del ejercicio profesional en asuntos que conozca por razón de su cargo; graves desconsideraciones con sus subordinados o compañeros; intervención en un proceso administrativo existiendo motivos de abstención; misión de informes manifiestamente ilegales si causa perjuicio a la administración; y atentado grave contra los empleados públicos o de la administración.
Es esta vía, la vía laboral, una que ya ha utilizado el Consistorio con otro expediente del interventor, no obtuvo la respuesta que deseaba el consistorio. "Cada uno tiene que ejercer sus responsabilidades. Hubo otro expediente y algún día alguien tendrá que explicar porque el instructor le proponía cinco meses y el viceconsejero de Presidencia anuló todo eso" señaló Francisco Guarido. Este expediente está pendiente de un recurso que ha realizado el Ayuntamiento de Zamora.