El segundo Juzgado de lo Penal de Segovia entra en funcionamiento esteviernes. Se trata de una necesidad histórica que el TSJCyL vienereclamando desde 2009, algo que según su presidente, José LuisConcepción, ha ocasionado “muchas preocupaciones” a la Sala de Gobiernodel alto tribunal.Hace aproximadamente una década, el Juzgado de lo Penal tenía 1.100juicios pendientes de señalar y 1.700 ejecutorias pendientes de resolver.Circunstancia que ha mejorado gracias a los refuerzos aprobados en 2014;sin embargo, la falta de medios materiales y humanos adecuados ha hechoque a finales de 2019 hubiera todavía más de 300 ejecutorias en trámite.
“¿Qué habría sucedido si una de estas ejecutorias hubiere dado lugar a queun condenado que debiera entrar en prisión, no lo hubiera hecho por faltade medios y hubiere cometido un delito aún más grave que aquél por el queestaba condenado? ¿A quién se le habrían atribuido las responsabilidades?”,se pregunta Concepción, quien puntualiza que desde el TSJCyL se hadenunciado esta precariedad en todo momento.El presidente del TSJCyL destaca que gracias al esfuerzo del magistradotitular del Juzgado de lo Penal 1, Faustino Gudín, y el de las dos juezas deMenores que han estado reforzándolo, Eva Saavedra y Marta Gandullo, hasido posible “actualizar y poner al día la situación del órgano judicial”.“
Esta dejadez del Ministerio de Justicia, que desatiende reiteradamente laspretensiones que desde los Tribunales Superiores de Justicia se le dirigen,cobra más actualidad cuando se nos dice que se van a crear en Castilla yLeón solamente cuatro plazas judiciales en los próximos tres años”,denuncia.En concreto, el Ministerio de Justicia ha anunciado que contempla lacreación de 33 unidades judiciales en España en un plazo de tres años, delas cuales para Castilla y León corresponden:
- Una plaza de magistrado correspondiente al orden civil en la Sección3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid.
Un Juzgado de Primera Instancia 9 de Burgos.
- Un Juzgado de lo Social 4 de León.
- Un Juzgado de lo Mercantil 2 de Valladolid.
En resumen, en tres años se pretenden crear cuatro unidades judiciales,casi una por año, algo que no encaja con lo que refleja la estadística: unaelevada carga de trabajo que, según Concepción, es “superior a la deseablesi queremos una Justicia eficaz, ágil y eficiente para que el ciudadano,verdadero destinatario de nuestro trabajo, salga beneficiado”.“La Sala de Gobierno ha evidenciado la necesidad de la creación de almenos 15 plazas judiciales y solamente se nos anuncia que van a serrealidad cuatro en los próximos tres años y no precisamente las interesadascomo más urgentes”, afirma.Según el criterio de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, esurgente crear las siguientes plazas judiciales en Castilla y León:
- Un magistrado en la Audiencia de Segovia, que cuenta con tresmagistrados desde el siglo XIX.- Un magistrado en la Audiencia de Ávila.
- Un magistrado en la Sección Penal de la Audiencia de León.
- Un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Palencia, otro enAranda de Duero y otro más en Miranda de Ebro.
- Un Juzgado de Familia en Burgos, otro en Salamanca, y otro más enValladolid.
- Un Juzgado de lo Penal en Salamanca.
- Un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en León.
- Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Ponferrada.
-Un Juzgado de lo Social en Burgos, otro en Segovia y otro más enValladolid.
Según Concepción, “desde la Sala de Gobierno se ha venido reivindicando lanecesidad extrema que están sufriendo los Juzgados de Familia de Castilla yLeón; no dan abasto a resolver los múltiples litigios que los ciudadanosplantean fundamentalmente en Salamanca y Burgos”.Además, la situación provocada por la pandemia COVID-19 “hace necesarioaumentar el número de los Juzgados de lo Social ya que los expedientes deregulación temporal de empleo son cada vez más frecuentes”.En definitiva, el presidente del TSJCyL quiere aprovechar la “buena noticia”que supone la creación del Juzgado de lo Penal 2 de Segovia para “pulsar lasensibilidad del Ministerio de Justicia y que haga caso en definitiva a quienconoce las necesidades judiciales de Castilla y León, que no es otro que elpropio Tribunal Superior”