"No pararíamos hasta que tuviésemos la consecución de nuestras reivindicaciones", ha apuntado el responsable de UGT en la negociación del Convenio Único de la AGE, Gabriel Filipini, que ha afirmado que incluso se contempla el llamamiento a la huelga del personal laboral de la AGE si no se consiguen sus objetivos.
De su lado, la secretaria de negociación de CSIF, Milagros Dorronzoro, ha señalado que los empleados públicos "están sacando las castañas del fuego y dando la cara por el Ejecutivo".
"Ya estamos cansados de que los empleados públicos seamos siempre los paganos de todas las crisis y de ser la primera opción de los gobiernos cuando hay que hacer recortes", ha destacado, tras alertar de que "no se puede seguir permitiendo que el Gobierno pretenda solucionar todos los problemas metiendo siempre la tijera en los salarios de los empleados públicos".
Ambos sindicatos van a exigir al Gobierno y a las administraciones que cumplan con los acuerdos suscritos, sobre todo con el IV Convenio Único para el personal laboral de la AGE. Así, iniciarán una serie de actividades que culminarán con una manifestación a finales de este mes.
En concreto, estas acciones pasarán por denunciar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reunirse con los grupos parlamentarios, presentar todos los incumplimientos del IV Convenio Único, mandar un escrito al Defensor del Pueblo solicitando que inste a la Administración a cumplir con los acuerdos firmados, la convocatoria de manifestaciones y, por último, no descartan la convocatoria de paros o la suspensión de la negociación colectiva hasta que se cumpla con los compromisos adquiridos.
Dorronzoro ha dejado claro que no van a reclamar ningún incremento retributivo, porque "son conscientes de la situación por la que vive el país", y ha resaltado que lo único que piden es que los funcionarios de la AGE cobren lo que deberían estar cobrando desde el 1 de enero de 2019. "Queremos el dinero que se les debe", ha añadido.
Según los sindicatos, los retrasos en las nóminas de las 40.000 personas vinculadas a este convenio suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos de 1 de enero de 2019. "Fue firmado en marzo y vendido entre bombo y platillo por el Gobierno", recuerda la representante de CSIF.
De su lado, el responsable de UGT en la negociación del Convenio Único de la AGE ha resaltado que, aunque todos los meses hay reuniones bilaterales entre la Administración y los sindicatos, por ahora no han obtenido respuesta a sus peticiones. De hecho, Filipini ha señalado que ni siquiera se han constituido los grupos de trabajo que se deberían haber creado.
Por otro lado, han afirmado que esta situación también "secuestra" el derecho del personal a la movilidad. "Mientras la Administración no acceda a llevar a cabo el encuadramiento del personal, no se puede poner en marcha los concursos de movilidad", ha resaltado.