La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Zamora reflexiona sobre el papel de los mayores durante la crisis del COVID-19

Se preguntan sobre si tenían el mismo acceso que el resto de población a ciertos tratamientos.

 El número de pensiones en Zamora se rebaja levemente en septiembre
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La Unión de Jubiliados y Pensionistas de la UGT de Zamora ha lanzado una carta abierta en la que expresan sus reflexiones sobre este tiempo de crisis sanitaria del COVID-19, donde se preguntan por diversas cuestiones como son el acceso de las personas mayores a todos los tratamientos o si las instituciones de cuidados de este sector poblacional tenían una situación aceptable.

A continuación, la carta abierta al completo:

Con motivo del 1º de mayo del año 2020 de la pandemia del Covid19 la Comisión Ejecutiva de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT de Zamora quiere comunicarse con la ciudadanía zamorana y sus autoridades en unos momentos en que nuestra condición de personas mayores ha adquirido un protagonismo inusitado por haber sido las víctimas principales del virus. La mortalidad en personas mayores ha sido de dimensiones trágicas.

En primer lugar queremos pedir a las autoridades responsables de cada área que transmitan a todo el personal que presta servicios en las instituciones sanitarias y en el resto de instituciones, públicas de cualquier administración y privadas, de la provincia el enorme agradecimiento y la sincera admiración de los mayores de UJP-UGT por los esfuerzo y el sacrificio realizados por dicho personal. Nuestro reconocimiento se dirige también a los cargos y autoridades que están teniendo que dirigir la crisis sanitaria.

En segundo lugar nos preguntamos si las instituciones que se encargan de los cuidados de la población de mayores estaban en una situación aceptable de prevención de contingencias graves como la que nos está sacudiendo, especialmente las residencias y los centros sanitarios; si disponían de la capacidad sanitaria asistencial suficiente; si tenían personal; si tenían UCIs o previsión de tenerlas;  si tenían EPIs suficientes para el personal; si había existencias suficientes en almacén. La evidencia nos hace pensar que no era así. Las insuficiencias del sistema sociosanitario se pusieron de manifiesto en Centros de Salud, que cerraron las consultas, en Hospitales, que se vieron sobrepasados en todos los aspectos y desatendieron las consultas especializadas y la cirugía programada y las residencias de mayores, públicas las menos y privadas la mayoría, que sufrieron el azote de la enfermedad totalmente indefensas hasta el punto que hubo de intervenir el Ejército en la desinfección de centros y en el traslado de cadáveres.

En tercer lugar nos preguntamos si los mayores tuvieron asegurado, en realidad, el derecho a los tratamientos en la misma medida que la población en general. No sabemos si el cribado para acceder a las UCIs, insuficientes, cumplió con la ética de dar preferencia según el criterio de probabilidad de restablecimiento o si se siguió simplemente el criterio de la edad. Las estadísticas nacionales a fecha de hoy muestran cómo los españoles de más de 80 años que fallecieron apenas tuvieron acceso a las UCIs. Lamentamos no disponer de datos provinciales suficientes para conocer la trágica realidad.

En cuarto lugar invitamos a reflexionar sobre si nuestras residencias de mayores tienen la capacidad asistencial suficiente. No creemos que tenga sentido mantener el Decreto que está entrando en vigor paulatinamente, hasta 2024, que poco a poco desnuda de servicios sanitarios a las residencias: por ejemplo, las de menos de 100 residentes perderán el servicio médico, las de menos de 60 residentes perderán el servicio de enfermería. Sin personal especializado, creemos, la calidad de los servicios en los aspectos sociales y sanitarios será aún más deficiente.

En quinto lugar, el modelo de residencias privadas no garantiza la calidad de la atención a los residentes. La irrupción del sector privado lejos de incrementar la calidad de los centros por efecto de la competencia no ha conseguido sino bajar precios a costa de la calidad de la asistencia y de la ratio de personal técnico. La Junta de Castilla y León favorece esta tendencia a la privatización al relajar las exigencias como se ha dicho en un párrafo anterior (DECRETO 14/2017).

Castilla y León tiene 200 residencias públicas y 490 privadas, en ellas 11993 plazas son públicas y 34464 son privadas. De las privadas el 35% son concertadas. Esto significa que la mitad del negocio lo pone la administración pública para beneficio de unas pocas empresas. La privatización del sector no abarata los costes para la Administración.

En España, el 30% de las plazas residenciales de mayores son gestionadas por sólo dos grupos empresariales. El dinero que se mueve en este sector es mayoritariamente público (subvenciones y concesiones) y la rentabilidad de estos centros oscila entre el 20 y el 50%. Son un negocio redondo en el que se están volcando las grandes empresas y los fondos de inversión.

En base a lo expuesto pedimos a la ciudadanía zamorana que apoye nuestras peticiones a las autoridades:

- Debería dejarse el bienestar de nuestros mayores en manos de entidades mayoritariamente públicas, con él único objetivo de la atención a los residentes y las privadas deberían ser sin ánimo de lucro (ONGs y similares).  Las privadas que sea indispensable autorizar deberán basar su gestión en la calidad asistencial y no en la rentabilidad económica asegurando tal criterio por medio de la normativa y el control inspector.

- Pedimos que informen de los datos reales de contagios, ingresos en planta y en UCI así como mortalidad por causa del Covid19 de las personas mayores zamoranas.

- Que se facilite en los centros sanitarios el contacto de los mayores hospitalizados con las familias como ya se ha hecho por iniciativa de la caridad de profesionales particularmente.

- Que se controlen los precios del sector de tanatorios para evitar abusos.

- Que se haga un control exhaustivo de las residencias de mayores de la provincia y se compruebe el cumplimiento de la normativa durante la crisis sanitaria y en el futuro.

- Que se retire la legislación que disminuye la ratio de personal sanitario y otros técnicos en residencias.

- Que se regule una normativa de prevención que obligue a mantener un mínimo almacenamiento de materiales de prevención y EPIs para residentes y personal, así como protocolos apropiados para posibles futuras crisis sanitarias.

- Que se prevea el aumento de UCIs activas y la capacidad de improvisar otras nuevas en tiempo de emergencia (UCIs congeladas) bien a través del mercado exterior bien de fabricación nacional.

- Que se asegure la ausencia de contagios en las residencias por medio de la aplicación de los test que sean precisos.

- Controlar la fabricación de productos sanitarios (equipos UCI, respiradores, mascarillas, EPIs, test…) para no volver a verse en las fauces de un mercado de leonino. Tanto en residencias como en la calle.


- Todo ello en previsión de que pueda reactivarse la epidemia durante el “desescalamiento” o en el otoño próximo.

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