Desde UPL aseguran que “por tratarse de un edificio histórico, el propietario, en este caso el ayuntamiento, debe velar por su conservación. Y en mayor modo, cuando el equipo de gobierno dispone de técnicos y medios para realizar las comprobaciones oportunas, a fin de realizar informes preceptivo del estado del inmueble, con certificación de los posibles daños y la causa de los mimos. Cosa que se debería de haber requerido desde el momento en que exteriormente se apreciaban síntomas de humedad, y que se remonta a años pasado”.
De esta forma, UPL entiende que la posible responsabilidad municipal tiene el agravante de que por ser administrador, dispone de medios suficientes, en el fondo de contingencia, para hacer frente a gastos de urgencia como el descrito. “Ambos condicionantes: disponer de técnicos, y de medios económicos suficientes para efectuar una reparación, pueden inculpar a los responsables municipales de una posible falta, por dejadez, por lo que ha presentado escrito ante el procurador del común para su consideración”, finaliza UPL en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
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