VOX denuncia que las medidas de la Junta "arruinan a la hostelería y atacan a las libertades fundamentales"

Las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta "suponen un nuevo ataque a la libertad de los castellanos y leoneses, así como una grave consecuencia para los sectores económicos más castigados desde el inicio de la pandemia", aseguran.

 Pedro Requejo VOX
Pedro Requejo VOX

El procurador de Vox en las Cortes, Jesús García-Conde y los Diputados de Vox en Castilla y León; Pablo Sáez, Víctor González, Georgina Trías, Pedro Requejo, Rodrigo Jiménez y Ricardo Chamorro, han manifestado su oposición a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Castilla. Las restricciones dictadas por el Gobierno autonómico (que justifica por el coronavirus) imponen el adelanto del toque de queda a las 20:00; el cierre del perímetro provincial o, lo que es lo mismo, la limitación de movimientos entre provincias; permanencia en espacios públicos y privados de grupos de personas con un máximo de 4 individuos; y reducción a un tercio el aforo para las celebraciones y encuentros religiosos sin superar un máximo de 25 personas.

Medidas, que para los representantes de Vox en Castilla y León, aparte de ser totalmente desproporcionadas, vulneran una vez más la libertad y derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestra región: limitan la libertad de movimientos, obligan a un encierro domiciliario e impiden la libertad de culto.

Para Vox el toque de queda impuesto por el Gobierno autonómico entra en conflicto legal con el que establece el Gobierno de Sánchez e Iglesias en su ilegal “Estado de Alarma”. El Gobierno de la Nación delega en las CCAA la posibilidad de gestionar esta pandemia y paralelamente condiciona a las mismas en la toma de decisiones. Igualmente las autonomías han demostrado ser incapaces a la hora de gestionar la pandemia, ya que España es el país con peores resultados en el mundo occidental al sufrir la mayor caída del PIB y de muertos por 100.000 habitantes. Una gestión negligente de la que también es responsable el caótico sistema autonómico.

Asimismo, la Junta de Castilla y León delega la responsabilidad de hacer cumplir estas medidas de dudosa legalidad a Policía y Guardia Civil. Una vez más, Francisco Igea (Cs) y Alfonso Fernández Mañueco (PP) se arrogan autoridad en cuerpos de la administración que no poseen: la autoridad sobre la PN y la GC es exclusiva del Gobierno de la nación desarrollada en las regiones a través del Delegado del Gobierno.

De igual forma la aplicación de estas medidas, cuya duración se estima inicialmente hasta el fin del “estado de alarma”, van a suponer un agravamiento de las consecuencias que ya vienen sufriendo los sectores más castigados desde el inicio de la pandemia; hostelería, centros deportivos, agencias de viajes... Estas nuevas medidas van a suponer un debacle para la ya maltrecha economía de la región con unos trabajadores, empresarios y autónomos que continúan siendo víctimas de los desentendimientos entre administraciones esperando soluciones que no llegan ni desde el Gobierno Central ni desde el Autonómico. Castilla y León deben protegerse pero no puede detenerse.

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