VOX denuncia que las medidas de la Junta "arruinan a la hostelería y atacan a las libertades fundamentales"

Las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta "suponen un nuevo ataque a la libertad de los castellanos y leoneses, así como una grave consecuencia para los sectores económicos más castigados desde el inicio de la pandemia", aseguran.

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 Pedro Requejo VOX
Pedro Requejo VOX

El procurador de Vox en las Cortes, Jesús García-Conde y los Diputados de Vox en Castilla y León; Pablo Sáez, Víctor González, Georgina Trías, Pedro Requejo, Rodrigo Jiménez y Ricardo Chamorro, han manifestado su oposición a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Castilla. Las restricciones dictadas por el Gobierno autonómico (que justifica por el coronavirus) imponen el adelanto del toque de queda a las 20:00; el cierre del perímetro provincial o, lo que es lo mismo, la limitación de movimientos entre provincias; permanencia en espacios públicos y privados de grupos de personas con un máximo de 4 individuos; y reducción a un tercio el aforo para las celebraciones y encuentros religiosos sin superar un máximo de 25 personas.

Medidas, que para los representantes de Vox en Castilla y León, aparte de ser totalmente desproporcionadas, vulneran una vez más la libertad y derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestra región: limitan la libertad de movimientos, obligan a un encierro domiciliario e impiden la libertad de culto.

Para Vox el toque de queda impuesto por el Gobierno autonómico entra en conflicto legal con el que establece el Gobierno de Sánchez e Iglesias en su ilegal “Estado de Alarma”. El Gobierno de la Nación delega en las CCAA la posibilidad de gestionar esta pandemia y paralelamente condiciona a las mismas en la toma de decisiones. Igualmente las autonomías han demostrado ser incapaces a la hora de gestionar la pandemia, ya que España es el país con peores resultados en el mundo occidental al sufrir la mayor caída del PIB y de muertos por 100.000 habitantes. Una gestión negligente de la que también es responsable el caótico sistema autonómico.

Asimismo, la Junta de Castilla y León delega la responsabilidad de hacer cumplir estas medidas de dudosa legalidad a Policía y Guardia Civil. Una vez más, Francisco Igea (Cs) y Alfonso Fernández Mañueco (PP) se arrogan autoridad en cuerpos de la administración que no poseen: la autoridad sobre la PN y la GC es exclusiva del Gobierno de la nación desarrollada en las regiones a través del Delegado del Gobierno.

De igual forma la aplicación de estas medidas, cuya duración se estima inicialmente hasta el fin del “estado de alarma”, van a suponer un agravamiento de las consecuencias que ya vienen sufriendo los sectores más castigados desde el inicio de la pandemia; hostelería, centros deportivos, agencias de viajes... Estas nuevas medidas van a suponer un debacle para la ya maltrecha economía de la región con unos trabajadores, empresarios y autónomos que continúan siendo víctimas de los desentendimientos entre administraciones esperando soluciones que no llegan ni desde el Gobierno Central ni desde el Autonómico. Castilla y León deben protegerse pero no puede detenerse.

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