El Whatsapp, nueva fuente de acoso hacia los profesores, preocupa a ANPE

El sindicato independiente de educación, ANPE, celebraba este pasado viernes en Salamanca la reunión de todos los delegados de las provincias de Castilla y León para tratar temas como la implantación de la LOMCE en Secundaria Obligatoria y Bachillerato, los nuevos mecanismos de acoso al profesorado o el profesorado laboral en los centros de Castilla y León. Así, en primer término, lo puso de manifiesto el salmantino y vicepresidente de ANPE en Castilla y León, Nicolás Villanueva.

Por otra parte, como explicaba Pilar Gredilla Fontaneda, presidenta de ANPE en nuestra Comunidad Autónoma, “es imprescindible una correcta implantación de la LOMCE en los cursos de Secundaria y Bachillerato”. Para ello, desde la organización se ha reclamado un aumento de la inversión educativa para mejorar las condiciones de trabajo y económicas de los docentes de la enseñanza pública. Además de la eliminación de burocracia en la función docente entre otras cosas entre las que se encuentra la reducción horaria lectiva, la eliminación de empleo precario en la educación pública o reclamar mayor apoyo a la enseñanza rural.

Así las cosas, Gredilla abogaba por eliminar los decretos de recortes que se ejecutaron en 2012. Según se rrefería, aquellos que han obligado al aumento de ratios, a periodos de dos semanas de carencia para cubrir las bajas de profesores, a las disminuciones o congelaciones salariales que desde 2010 sitúan la pérdida del poder adquisitivo en un 27%, a la reducción de las plantillas en los centros, al aumento de profesores con jornadas parciales, la reducción de puestos de trabajo o a la pérdida de calidad en el empleo.

752 agresiones verbales o físicas al profesorado el pasado curso

Jesús Niño, secretario de Comunicación de ANPE y defensor del profesor, señalaba “que estamos recibiendo un nuevo tipo de quejas en relación con la utilización inadecuada del Whatsapp por parte de los padres y los alumnos”. Niño hizo referencia, así, a las quejas y conversaciones que dañan el prestigio y el reconocimiento a la función docente.

Por otro lado, pedía que se cumpla a rajatabla la ley de autoridad del profesorado. También reclamaba un desarrollo normativo de la ley para contribuir a la reducción del número de casos y a la mejora de la atención a los docentes que sufren en primera persona situaciones de acoso y violencia.

Por todo lo anterior, ANPE exige a la administración educativa una asistencia psicológica especializada y gratuita para los docentes que han sido o están siendo víctimas de situaciones de esta índole.

Así pues, se apuesta por la creación de equipos por provincias de intervención y tratamiento. Por otra parte, el sindicato propone dar cumplida información ante la Fiscalía por parte de los médicos que conozcan situaciones conflictivas de docentes y cuya baja laboral sea fruto del acoso o indicios del mismo. Por último, para el docente que sufra este tipo de casos, ANPE pide ofertar la posibilidad de una comisión de servicios o facilitar su movilidad mediante el concurso de traslados.