El Colectivo de Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL) presentaba este sábado en la capital zamorana su propuesta de Estatuto de Autonomía de la Región Leonesa. Documento en el que se recoge el reparto de sedes de las Instituciones.
Reiterando la falta de arraigo de un sentimiento castellano y leonés, CCRL refrendó la legalidad de una propuesta de crear la Región Leonesa dentro del modelo de Comunidades Autónomas vigente en España.
Propuesta defendida a través de cifras como la pérdida de población en Zamora, Salamanca y León durante los últimos cuarenta años, pasando Zamora de alrededor de 226.000 habitantes a los 168.000 censados en 2021. Números que entre las tres provincias se elevan a un descenso de 172.047 habitantes por los 41.462 que se han marchado del resto de provincias castellanas.
REPARTO DE SEDES ENTRE LEÓN, SALAMANCA Y ZAMORA
Respecto a la sede del parlamento autonómico, que el Estatuto bautiza como Cortes del Reino de León en un claro guiño a la historia de la Región Leonesa, tendría su sede en Zamora, un hecho que se justificaría en que “por ubicación es la ciudad idónea para acoger las Cortes, al ser la geográficamente más céntrica de las ciudades leonesas, algo esencial teniendo en cuenta que a ella deberán acudir personas procedentes de todos los puntos de la Región Leonesa”.
Por otro lado, el proyecto de Ley de Sedes establece un número fijo de nueve consejerías, recogiendo su reparto, con tres en la provincia de León (que se situarían en León, Ponferrada y Astorga), tres en la de Salamanca (ubicadas en Salamanca, Béjar y Ciudad Rodrigo), y otras tres en la de Zamora (situadas en Zamora, Benavente y Puebla de Sanabria).
En cuanto a las denominadas instituciones propias, León acogería la sede del Defensor del Pueblo de la Región Leonesa, Mombuey la del Consejo de Cuentas, y Sahagún la del Consejo Económico y Social, suprimiéndose sin reemplazo otras instituciones que actualmente tiene la comunidad de Castilla y León como el Consejo Consultivo o el Consejo del Diálogo.
Además, dado que la creación de la comunidad autónoma leonesa obligaría a la creación del Tribunal Superior de Justicia de la Región Leonesa, se fija su sede en Salamanca, hecho que desde CCRL consideran un reconocimiento a “la tradición jurídica de la ciudad de Salamanca, con el exponente mundial de la denominada Escuela de Salamanca o de Derecho de Gentes en la Edad Moderna, que alcanzó una fama universal”.
Por su parte, las agencias, institutos públicos o empresas autonómicas públicas o con participación pública tendrían sus sedes en Peñaranda de Bracamonte, Villafranca del Bierzo, Zamora, Salamanca, León, Villalpando, Vitigudino y Fabero, fusionándose en una sola institución el Instituto de la Juventud y el Consejo de la Juventud autonómicos (que en el caso de Castilla y León tienen sus sedes en Valladolid y Palencia respectivamente).
Finalmente, el proyecto de Ley de Sedes presentado en Salamanca por CCRL también recoge la ubicación de las sedes centrales de las diversas fundaciones públicas o con participación pública, que pasarían a acoger Ledesma, Toro, Villablino, Salamanca, León, Alcañices, Alba de Tormes, Fermoselle, La Ribera de Folgoso, Miranda del Castañar, Tábara, Riaño y Fuenteguinaldo. En este ámbito, en comparación con la situación actual en la comunidad de Castilla y León en lo que a fundaciones con participación pública se refiere, se suprimiría la Fundación Castilla y León, que sería eliminada sin sustitución.
EL PASO DE CASTILLA Y LEÓN A LA REGIÓN LEONESA
Por último, para el traspaso de competencias a la comunidad autónoma de la Región Leonesa, el proyecto de Estatuto de la Región Leonesa prevé en su Disposición Transitoria Primera la creación de una Comisión mixta Castilla y León-Región Leonesa, cuya finalidad sería la de transferir de forma ordenada y no traumática las competencias, atribuciones y funciones que posee la comunidad de Castilla y León a la comunidad de la Región Leonesa.
Asimismo, esta transferencia afectaría también a los archivos, documentos y procedimientos pendientes de resolución, así como a la titularidad de los bienes muebles e inmuebles que posee la Junta de Castilla y León en las provincias de León, Salamanca y Zamora, que pasarían a pertenecer a la comunidad autónoma de la Región Leonesa.
Del mismo modo, parte de los funcionarios dependientes actualmente de la Junta de Castilla y León pasarían a depender de la administración autonómica de la Región Leonesa, recogiéndose explícitamente el respeto a todos los derechos que tuviesen reconocidos en el momento del traspaso.
Para el reparto del funcionariado entre las dos regiones que conforman Castilla y León, el Estatuto de la Región Leonesa recoge la priorización en su paso a la administración leonesa a los funcionarios autonómicos que estuviesen desempeñando su labor en Salamanca, Zamora y León, así como a los naturales de estas provincias y a quienes solicitasen explícitamente ser traspasados a la administración autonómica de la Región Leonesa.
En este aspecto, desde el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa consideran que “aunque el reparto de funcionarios podría plantear dificultades, no lo sería tanto por la parte de la Región Leonesa, dado que por población actualmente a las provincias leonesas les correspondería tener 4.000 funcionarios autonómicos más de los que poseen”. Un desfase que se explicaría por el hecho de que la mayor parte de las sedes centrales autonómicas de Castilla y León se ubican en la parte castellana de la comunidad.
Finalmente, la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto leonés recoge la aplicación transitoria de la legislación, continuando vigentes en la Región Leonesa los Decretos y Leyes autonómicas aprobadas en el seno de la comunidad de Castilla y León en tanto que no se apruebe legislación que las sustituya por parte de la comunidad autónoma de la Región Leonesa en ejercicio de sus competencias.
Una vez presentado dicho proyecto de Estatuto y de Ley de Sedes, desde el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL) señalan que se ponen “a disposición de todos los partidos políticos, ya que convertirlo en oficial con rango legal es mera voluntad política y hacerlo conllevaría enmendar el error cometido en la Transición de hurtar a la Región Leonesa su derecho a la autonomía, reconocido en los artículos 2 y 143 de la Constitución”.
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