En la mañana de este martes, 26 de mayo, las Cortes de Castilla y León han acogido el Pleno monográfico para la presentación del Informe Anual de 2019 del Procurador del Común.
El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha informado de que la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León ha llevado a cabo una actuación de oficio sobre la elaboración de un nuevo Proyecto de Decreto que regule la autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores de Castilla y León.
En concreto y según ha explicado, el objetivo de esa actuación de oficio ha sido analizar "aspectos tan sensibles" como la dotación de medios personales de estos centros y la forma en la que se ha de dar cobertura a la asistencia sanitaria de los usuarios.
Quintana ha mencionado otra actuación de oficio en materia de juego y apuestas que se resolvió instando a diferentes consejerías a tomar una serie de medidas de diverso contenido dirigidas a eliminar y, en su caso, reducir al máximo los riesgos de adicción que presenta la realización no responsable de la práctica del juego y las apuestas.
El Procurador del Común inició diferentes actuaciones de oficio relativas a desde la "firme convicción" de que la Administración debe de proporcionar a los alumnos una educación de calidad que garantice la igualdad de oportunidades.
Entre estos asuntos destaca uno referido al uso de los teléfonos móviles desde el reconocimiento de que "a veces" constituye una "fuente de problemas" en los centros educativos por lo que la Procuradoría recomendó abrir un debate entre representantes de la administración y los colectivos directamente implicados para buscar "soluciones satisfactorias" para todas las partes que integran la comunidad educativa.
Según ha informado Quintana, esta recomendación no fue acogida por la Consejería de Educación por considerar que en las circunstancias actuales "no existe inseguridad en cuanto a la respuesta que se debe dar a los conflictos que puedan surgir por la utilización de estos dispositivos".
En el ámbito de la enseñanza universitaria, la Institución del Procurador del Común se dirigió en 2019 a los órganos de gobierno de las universidades públicas para recomendar la adopción de diversas medidas para eliminar comportamientos inadecuados con motivo de las novatadas.
Según este informe, el Procurador del Común de Castilla y León ha tramitado 5.728 expedientes a lo largo de 2019 referidos a quejas que fundamentalmente se concentran en las áreas de Empleo Público, Medio Ambiente, Familia e Igualdad de Oportunidades y Juventud.
En concreto, el Procurador ha tramitado durante el pasado año un total de 5.728 expedientes, de los cuales 5.694 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 34 a las actuaciones de oficio.
En cuanto a la procedencia geográfica de los ciudadanos que han presentado las quejas o de sus representantes, la provincia de León un año más se ha situado en primer lugar, con 2.237 quejas, que representan el 39,29 por ciento del total, lo cual, según el informe, obedece, además de a la cercanía y conocimiento que tienen los ciudadanos de León y su provincia de la Institución, a que alguna de las quejas masivas se presentó por autores o representantes domiciliados en León.
En segundo lugar, fueron los ciudadanos de la provincia de Salamanca, que presentaron 946 quejas (16,61 por ciento); de Valladolid 669 quejas (11,75 por ciento), de Palencia 515 quejas (9,04 por ciento); de Burgos 381 quejas (6,69 por ciento); de Zamora 360 quejas (6,32 por ciento); de Ávila 129 (2,27 por ciento) de Segovia 91 quejas (1,60 por ciento); y de Soria 65 quejas (1,14 por ciento).
Zamora, entre las provincias de Castilla y León que interpone menos quejas ante el Procurador del Común
En el caso de las quejas procedentes de esta provincia, el Procurador del Común recogió 360 de las casi 6.000 presentadas.
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