La fiscalización aportada por el Consejo de Cuentas de Castilla y León analiza los fondos que a raíz de la pandemia han recibido los 16 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes en 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, diferenciando la Administración de donde provienen dichos fondos. Así, se han comprobado las distintas líneas de ayudas o transferencias, cuyo objetivo ha sido la recuperación económica, el empleo, la cohesión social y, en general, paliar los efectos de la crisis provocada por la COVID-19.
Los municipios mayores de 20.000 habitantes fueron beneficiarios de una ayuda extraordinaria del Estado por la prestación del servicio de transporte público y de un total de 8 ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León destinadas a: cofinanciación de servicios sociales, alimentación y contratación de personal para otras finalidades; gastos sociales; apoyo a familias; limpieza de colegios en los ejercicios 2020 y 2021; reactivación del comercio; inversiones y contratación de personal temporal. Todas las ayudas recibidas se instrumentaron a través de subvenciones, las cuales, con carácter general, se han tramitado de forma directa, concedidas por razones de interés público, social, económico o humanitario
La subvención concedida por el Estado directamente, sin perjuicio de la financiación aportada a otras, es una ayuda extraordinaria a la prestación del servicio de transporte público para compensar la reducción de ingresos que han sufrido las entidades locales. Esta ayuda es compatible con las subvenciones por servicios de transporte colectivo urbano previstas en la normativa reguladora de las haciendas locales, con cargo a los presupuestos generales del Estado de cada año. El importe total concedido a los 16 municipios ascendió a 12,8 millones de euros.
Las subvenciones para cofinanciación de servicios sociales, con cargo al Fondo Social Extraordinario de la Junta, tuvieron por objeto cumplir lo previsto en los Reales Decretos-leyes 7/2020 y 8/2020, en relación, respectivamente, con el derecho básico de alimentación de niños en situación de vulnerabilidad. Estas subvenciones se instrumentaron por medio de convenios y el importe total concedido ascendió a 4,1 millones.
También, con cargo a un segundo Fondo Social Extraordinario, la Junta concedió otra subvención para gastos sociales generados por la pandemia, por un importe total de 5,4 millones, dirigida a las siguientes cuatro finalidades: gastos de personal, servicios de proximidad, servicios de atención en centros residenciales y diversas prestaciones económicas por causas de exclusión social.
La concesión de esta subvención en sus 4 modalidades estuvo sujeta a aceptación por las entidades locales mediante la suscripción del oportuno convenio. Asimismo, en materia de servicios sociales, a raíz del Real Decreto-ley 9/2020, se concedió la subvención de apoyo a familias, por 1,6 millones de euros. Su concesión estuvo sujeta a aceptación, mediante suscripción del oportuno convenio.
Para limpieza de colegios, la Junta concedió subvenciones en 2020 y 2021, sujetas a aceptación por los ayuntamientos. El importe ascendió a 553.750 euros.
Adicionalmente, la Junta concedió una subvención para reactivación del comercio minorista y el consumo, por 755.698 euros, y otra para la contratación, con carácter temporal, de personal desempleado, con cargo al Fondo Extraordinario COVID-19, por 10 millones de euros, ambas sujetas a aceptación por parte de las entidades locales. La subvención para reactivación del comercio requería además una aportación con cargo a fondos propios de las entidades locales, del 25 %.
Con cargo a este mismo fondo, la Junta concedió subvenciones para inversiones, en este caso, en régimen de concurrencia no competitiva, en concepto de cooperación económica local, por 3,8 millones de euros. También esta subvención requería aportación de un 25% con cargo a fondos propios de las entidades.
En lo referente al análisis de los beneficiarios, importes concedidos y reintegro de las ayudas, destacar que el total de las ayudas efectivamente percibidas ascendió a 38,6 millones de euros, siendo los municipios de mayor población los que absorbieron un mayor volumen de recursos.
Los principales importes fueron recibidos por Valladolid, 11,5 millones de euros; Salamanca, 4,9 millones; Burgos, 4,7; León, 3,8 y Segovia 2. Ponferrada, Palencia, Zamora y Ávila superan el millón y medio; y los siete municipios restantes se quedan por debajo del millón. Con carácter general, las subvenciones concedidas por el Estado y la Junta lo fueron en base al cumplimiento de unos requisitos objetivos por parte de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes.
Con carácter general, las subvenciones concedidas por la Junta, que requerían su aceptación por parte de los ayuntamientos en la mayor parte de los casos, se correspondieron con las efectivamente recibidas por estos, salvo algunas excepciones por causas diversas. La subvención concedida por el Estado para transporte público no dio lugar en ningún caso a reintegros por incumplimientos relacionados con la justificación.
En el caso de las subvenciones concedidas por la Junta se produjeron reintegros por 978.536 euros, de los que 564.045 corresponden a la ayuda para gastos sociales y especialmente, a la cuarta de sus modalidades, la referida a prestaciones económicas para situaciones de exclusión social. Los ayuntamientos que han tenido que hacer frente a un mayor volumen de reintegros fueron los de Palencia, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo.
En relación a la aplicación de los recursos adicionales obtenidos, con carácter general, se produjo una aplicación correcta de las ayudas recibidas por parte de los ayuntamientos, destinándose los fondos a aquellas finalidades para las cuales fueron concedidos y justificándose debidamente su aplicación, la cual se ha producido predominantemente mediante concesión de subvenciones directas o bien mediante la celebración de nuevos contratos. Como se ha señalado, en casos puntuales se debió hacer frente al reintegro de los fondos.
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