Arranca en el Tribunal Supremo el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el presunto amaño de contratos de mascarillas
La Fiscalía Anticorrupción solicita hasta 24 años de prisión para el exministro y sitúa a los acusados en el centro de una supuesta trama de corrupción durante la pandemia
El Tribunal Supremo ha iniciado este martes el juicio contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
La causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que los tres acusados habrían conformado una estructura para beneficiarse económicamente mediante contratos públicos, aprovechando la posición de Ábalos al frente del entonces Ministerio de Transportes.
El juicio, que se prolongará durante trece sesiones hasta finales de abril, se celebra en el Salón de Plenos del alto tribunal, el mismo escenario que acogió el proceso del ‘procés’. Los acusados declararán previsiblemente el 28 de abril, tras la comparecencia de más de 70 testigos.
Según el fiscal jefe, Alejandro Luzón, los implicados actuaron con “ánimo de enriquecimiento”, favoreciendo a determinadas empresas a cambio de contraprestaciones económicas. La acusación sostiene que la supuesta trama tenía “vocación de permanencia” y operó durante varios años, extendiendo su influencia a distintas administraciones.
La Fiscalía atribuye a Ábalos un papel central como “jefe” de la organización, mientras que Koldo García habría actuado como su “alter ego”, gestionando tanto tareas políticas como personales. Por su parte, Aldama habría sido el encargado de canalizar contactos empresariales y facilitar una “interlocución privilegiada” con la Administración.
En cuanto a las penas, Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama, además de multas millonarias. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan la petición hasta los 30 años para el exministro y su exasesor.
Entre los testigos figuran responsables políticos como Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, quienes declararán por escrito en relación con contratos adjudicados durante la pandemia en sus respectivas comunidades autónomas.
El proceso judicial busca esclarecer si existió una red organizada que, en un contexto de emergencia sanitaria, utilizó recursos públicos para fines ilícitos, en uno de los casos más relevantes de presunta corrupción vinculada a la gestión de la COVID-19 en España.
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