Durante su intervención, Rus ha propuesto establecer una mesa de coordinación nacional y otra en cada autonomía con representantes del ámbito privado, con el objetivo de hacerles partícipes y conseguir una mayor eficiencia en el uso de los recursos y una mayor seguridad jurídica. Asimismo, ha insistido en la importancia de determinar modelos de participación de la sanidad privada, en base a la situación de cada territorio, implantando medidas diferenciadas en base a división territorial.
También ha solicitado que se establezca una correlación de servicio directa en la atención y seguimiento médico entre los centros sanitarios privados y las residencias de mayores y centros socio-sanitarios de su entorno, así como incluir a los centros sanitarios privados en los planes de abastecimiento de medicamentos, equipos de protección y todos aquellos recursos necesarios en la atención a pacientes COVID-19, así como el acceso a las plataformas de compras públicas.
ASPE considera necesario homogenizar y coordinar la gobernanza y la normativa a aplicar por parte de las Autoridades Sanitarias de las distintas CCAA, y que dicha normativa recoja de manera generalizada los procesos y pruebas a realizar de detección y diagnóstico COVID previos a procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones.
Apuestan igualmente por establecer la obligatoriedad de las mutuas de seguros laborales de cubrir los exámenes y pruebas necesarias para la reincorporación de los profesionales afectos por el COVID-19. En cuanto a la regulación de los precios de servicio de la sanidad privada en una situación pandémica similar, establecimiento de un canon por puesta a disposición de plaza hospitalaria, de plaza en UCI y designación de obligado al pago.
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