La Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 6 millones de euros que el Ministerio de Agricultura impuso a Supermercados DIA por 86 infracciones graves de la Ley de Cadena Alimentaria.
En concreto, el Ministerio sancionó a la empresa en 2017 tras haber detectado que más de 40 fabricanes recibieron presiones para realizar "pagos adicionales" a la cadena de supermercados y a Eroski, en el marco de la alianza entre ambas compañías para crear una central de compras conjunta, actualmente disuelta.
El expediente de Agricultura recogía 44 infracciones por revelar "información comercial sensible", 34 por "exigir pagos adicionales sobre el precio pactado", y 10 por "modificaciones de las condiciones contractuales sin estar expresamente pactadas por las partes". Dos de estas 88 infracciones fueron retiradas tras un primer recurso de DIA.
Ahora, la sentencia de la Audiencia Nacional considera probado que Eroski y DIA intercambiarion datos de sus relaciones con fabricantes y les pedían "pagos adicionales" sin níngún tipo de "contrapartida clara". En nueve casos se dejó de comprar productos a proveedores como forma de presión, exigiéndoles que debían alcanzar un acuerdo con ambas cadenas de supermercados.
Según indica la Audiencia Nacional, "la suma de los pagos adicionales no previstos en los contratos analizados ascendía (...) a 28,9 millones de euros, ello sin considerar las cantidades exigidas a los fabricantes".
La causa contra Eroski, al ser considerado una infracción leve, fue archivada en 2019. En el caso de DIA, el procedimiento ha llegado a la Audiencia Nacional por considerarse "grave", ya que la empresa es reincidente en su infracción de la Ley de Cadena Alimentaria.
La investigación contra ambas empresas partió de una denuncia de la patronal de la industria alimentaria (FIAB) y la asociación de marcas de fabricante Promarca ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura. En el documento se hace referencia a las conversaciones mantenidas por DIA y Eroski con compañías como Coca-Cola, Nestlé, Hero, Galletas Gullón, Bacardi, Schweppes, Pepsico, Ferrero, Campofrio, Panrico, Pernod Ricard, Diageo, García Carrión, Dr. Oetker, Conservas Garavilla, Bimbo, Idilia Foods, Lindt o Artiach, cuyos directivos fueron llamados a declarar.
La sentencia indica que "la gran mayoría de los fabricantes califican las exigencias como desproporcionadas y fuera de lo normal en el mercado (...) En sus testimonios declararon 'sentirse presionados', sufrir 'medidas de bloqueo' y 'tensión en la negociación'" y que, con su alianza, DIA y Eroski pretendían "aglutinar el máximo poder en el mercado" y "adquirir una posición de fuerza o dominio", exigiendo "pagos sin contraprestación".
La Audiencia discute que DIA y Eroski "estuvieran de facto actuando como si se tratara de una central de compras (...), ya que ambas informaron de que cada una de las empresas seguiría realizando las compras por separado y llevando a cabo su propia política de compras, y que en ningún momento harían pedidos conjuntos ni tampoco compartirían almacenes".
Con esta sentencia, la Audiencia Nacional da la razón al Ministerio de Agricultura en contraposición con la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que archivó el expediente por considerar que no existía infracción.
DIA ha anunciado que tiene previsto recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.
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