CSIF rechaza la Oferta de Empleo Público 2025 por insuficiente y avisa de nuevas movilizaciones

La Oferta de Empleo Público presentada por el Gobierno asciende a 20.000 plazas, de las cuales solo 4.500 corresponden a empleo neto, lo que supone menos de la mitad que en 2024 y apenas el 10% de las plazas perdidas en los últimos 20 años. Según CSIF, serían necesarias diez ofertas similares para compensar el empleo público destruido desde principios de siglo.

En un comunicado emitido el 23 de junio, el sindicato denunció que esta oferta no responde a las necesidades reales de la Administración, donde en los últimos años se han perdido más de 42.000 puestos de trabajo, y advirtió que retomará las movilizaciones para exigir una solución.

“La tasa de reposición impide reforzar servicios esenciales y perpetúa la temporalidad en la Administración”, lamenta CSIF, que también critica que el Gobierno no haya negociado aún un nuevo acuerdo salarial que permita aplicar la subida correspondiente a este ejercicio.

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Plazas sin cubrir y envejecimiento preocupante

CSIF también pone el foco en la lentitud de los procesos selectivos, que ha provocado que 28.400 plazas sigan sin cubrir de ofertas anteriores, muchas de las cuales ya han caducado. Además, la organización subraya que el 55% del personal actual se jubilará en los próximos 10 años, un dato que agrava la necesidad de una planificación estructural inmediata.

El sindicato denuncia, además, que la nueva oferta disminuye las plazas de promoción interna respecto a 2024, excluye al personal laboral en el Exterior y no cumple con lo pactado en el acuerdo de noviembre de 2022 sobre el derecho de promoción.

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Críticas a la “discriminación” territorial

Otro de los puntos polémicos de la OEP 2025 es la inclusión de una tasa adicional específica para el País Vasco en el ámbito de la Justicia. CSIF considera que esto rompe el principio de equidad territorial y supone una discriminación frente al resto de comunidades autónomas.

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Petición de refuerzos urgentes

El sindicato exige un refuerzo inmediato de plantillas, la recuperación del empleo público perdido y la eliminación de la tasa de reposición para que las administraciones puedan afrontar con garantías la renovación generacional y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Según datos del Ministerio de Función Pública, en los últimos 10 años se han perdido más de 20.000 empleos netos, una tendencia que se suma a la de la década anterior, lo que eleva el total de plazas perdidas a más de 42.000.