Entra en vigor la Ley de Multirreincidencia, que castiga con cárcel a los condenados 4 veces por hurtos

La modificación del Código Penal con la Ley de Multirreincidencia, que condena a entre uno y tres años de prisión a quien haya sido condenado firmemente por más de tres hurtos o delitos menos graves, entra en vigor este viernes tras ser aprobada en el Congreso con los votos favorables de PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, tal y como recoge Europa Press.

La iniciativa presentada por la formación liderada por Carles Puigdemont en el año 2024 salió adelante el pasado 26 de marzo con los votos de la oposición, tras estar durante meses en un cajón hasta que en marzo de 2025 se presentaron las enmiendas parciales y a mediados de febrero del año siguiente se llevara a debate en la Cámara Baja y posteriormente a votación.

Entre las primeras enmiendas y la primera votación en el Parlamento, la reforma volvió a guardarse por la disconformidad de los socios del Gobierno, pero la ruptura del diálogo con el Ejecutivo anunciada por Junts llevó al PSOE a acceder a reactivarla y, en apenas una semana, la Comisión de Justicia aprobó esta reforma legislativa.

A su vez, los socios minoritarios en el gabinete de ministros, Sumar, junto con algunos socios habituales del Gobierno en la Cámara de los diputados --Bildu, Podemos, BNG y Compromís-- se han opuesto a la reforma, mientras que ERC se ha abstenido durante la votación.

MEDIDAS DE LA REFORMA

Durante su tramitación en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el PSOE y Junts ya habían alcanzado acuerdos para castigar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles y endurecer las penas para determinados delitos de estafa.

Después, tras pasar por el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta, se ha aprobado definitivamente tanto la enmienda que fija penas de prisión de seis a 18 meses o multas de uno a dos años para quien defraude energía para el cultivo de marihuana, como la que prevé castigar con entre tres y cinco años de prisión el ‘petaqueo’, vinculado al suministro de combustible a narcolanchas.

No obstante, se ha vetado otra propuesta del PP que exigía al Gobierno ampliar en dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y autonómicas a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000.

El Gobierno podría haber perdido la votación de estas dos enmiendas en el Congreso, pero no llegaron a votarse porque Moncloa vetó su tramitación alegando que suponían un sobrecoste presupuestario. El veto fue aceptado en la Mesa de la Cámara Baja por la mayoría que reúnen PSOE y Sumar, que avalaron que el Ejecutivo hiciera uso de su facultad para frenar propuestas que incrementen el gasto o reduzcan ingresos.

Según el Gobierno, la votación de la enmienda relativa a extranjería exigiría 400 plazas más de funcionarios en comisarías con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento de 16,78 millones de euros. Por su parte, la ampliación de la plantilla de fiscales implicaría convocar 491 plazas, con un coste estimado de 53,79 millones de euros.