El Gobierno ha informado de que el 90% de las 101 expulsiones de extranjeros a otros países realizadas en la última década se han tramitado por "actividades contra la seguridad nacional", registrando dos casos justificados por infracciones muy graves de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.
El dato consta en una respuesta parlamentaria por escrito, consultada por Europa Press, en la que EH Bildu quería saber los motivos de las expulsiones de ciudadanos extranjeros en aplicación del artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
En un principio el Gobierno facilitó sólo el dato de las 101 expulsiones pero luego, con fecha de 13 de febrero, ha especificado los motivos. De esta forma, las dos únicas expulsiones en aplicación de la 'ley mordaza' se llevaron a cabo en 2019, después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.
Se trata de la norma aprobada en 2015 por el PP que, tras repetirse las elecciones en 2019, el actual Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos se comprometió a derogar, lo que ha despertado recelos entre los principales sindicatos policiales.
Además, el sistema estadístico incluye tres expulsiones en aplicación con la anterior ley de seguridad ciudadana, la de 1992, que se repartieron entre los años 2013, 2016 y 2021.
MOTIVACIÓN POR TERRORISMO
Por su parte, por "atentar contra la seguridad del Estado-Terrorismo" se contabilizan cinco casos: uno en 2012, tres en 2013 y otro más en 2014.
En 2022, con datos hasta noviembre, se había autorizado una expulsión por actividades contra la seguridad nacional, mientras que en 2020 y 2021, años con afectación por la pandemia de COVID, se llevaron a cabo tres y cinco expulsiones, respectivamente.
En la respuesta parlamentaria el Gobierno especifica que la variable del Estado al que han sido expulsados estos 101 ciudadanos extranjeros no está disponible en el sistema estadístico.
El artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social contempla como infracciones muy graves participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, así como estar implicados en actividades contrarias al orden público.
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