El Gobierno aprueba este martes el Estatuto del Becario: multas de hasta 225.000 euros a las empresas

Ordenador, voluntariado, becarios, trabajadores. EP. Archivo

El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos.

"El Estatuto de las personas becarias va al Consejo de Ministros. No se puede consentir que terminen siendo contratos de personas trabajadoras o que se cubran puestos de trabajo con personas en prácticas, porque esto tiene nombre: explotación laboral", ha señalado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Así lo ha manifestado antes de participar en la presentación del 'Buzón de las personas becarias', una iniciativa en colaboración con la Inspección de Trabajo que permitirá denunciar posibles irregularidades durante el período de prácticas.

Entre estas irregularidades destacan:

Falta de relación entre estudios y prácticas
Sustitución encubierta de trabajadores
Realización del mismo trabajo que la plantilla
Falta de tutorización
Asignación de tareas fuera del ámbito formativo

"Ponemos en marcha este instrumento para acabar con esta mala praxis de algunas empresas", ha subrayado Rego.

El Estatuto del Becario iniciará su tramitación en el Congreso

Al tener rango de ley, la iniciativa deberá pasar por las Cortes Generales, por lo que su aprobación definitiva será más compleja.

La norma contempla:

Multas de hasta 225.000 euros para las empresas que incumplan los derechos de los becarios
Compensación de gastos para los estudiantes
Límite de 480 horas para las prácticas extracurriculares

El objetivo es regular los periodos de formación práctica no laboral en las empresas y establecer su marco jurídico.

El Estatuto incluye un régimen sancionador con multas:

Hasta 225.018 euros por infracciones muy graves
Desde 7.501 hasta 120.005 euros según su grado

Se considerarán infracciones muy graves, entre otras:

Discriminación por edad o discapacidad
Discriminación por sexo, origen, religión, orientación sexual o ideas políticas
Trato desfavorable tras reclamaciones