El Gobierno desbloquea la jubilación parcial del personal laboral tras un acuerdo impulsado por CSIF

El Gobierno prevé desbloquear en los próximos días la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración General del Estado, poniendo fin a una situación de bloqueo que se arrastraba desde la última reforma de pensiones. La medida, impulsada por el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios, será abordada en la reunión del IV Convenio Único convocada para el próximo 24 de marzo.

El cambio permitirá recuperar un derecho que había quedado en la práctica inoperativo tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2024, fruto del acuerdo entre el Gobierno, CCOO y UGT. La norma no tuvo en cuenta las particularidades del empleo público, especialmente en lo relativo a la figura del trabajador relevista, cuya contratación exige superar previamente un proceso selectivo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Esta exigencia legal dejó a las administraciones en una situación de bloqueo. Según distintas resoluciones judiciales, incluso cuando las administraciones querían aplicar la jubilación parcial, carecían de margen legal para hacerlo, al no poder cubrir los puestos de relevo conforme a los requisitos establecidos.

La solución que ahora se perfila pasa por permitir, de manera transitoria, la contratación temporal de relevistas. Posteriormente, estas plazas se incluirían en las correspondientes ofertas de empleo público para su cobertura definitiva.

El Ejecutivo aprobará previsiblemente un real decreto-ley que habilitará este mecanismo, dando así salida a una de las principales demandas sindicales en el ámbito de la función pública. La propuesta había sido trasladada por CSIF al Ministerio de Función Pública en una reunión bilateral celebrada el pasado 11 de diciembre.

Además del desbloqueo, el acuerdo incorpora mejoras relevantes en las condiciones de acceso a la jubilación parcial. Entre ellas, la eliminación de periodos de carencia, la posibilidad de concentrar la reducción de jornada en un único tramo y la ampliación de esa reducción hasta el 75%. También se prevé que esta modalidad pueda aplicarse hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación.

Pese al avance, el acuerdo no resuelve la situación del personal funcionario ni del ámbito sanitario, que siguen sin acceso a la jubilación parcial desde 2012, cuando fue suspendida en el contexto de los recortes derivados de la crisis económica.

La desigualdad entre colectivos dentro de la propia Administración sigue siendo uno de los principales puntos de fricción, según denuncia CSIF, que reclama la extensión inmediata de este derecho. Aunque el recorte fue formalmente eliminado en 2023, la medida aún no se ha materializado para estos trabajadores.

El reconocimiento de la jubilación parcial para funcionarios y estatutarios está contemplado en el proyecto de Ley de Función Pública, actualmente paralizado en el Congreso de los Diputados. La falta de avances parlamentarios ha reabierto el debate sobre la necesidad de recurrir a otras fórmulas normativas, como un real decreto-ley, para evitar lo que los sindicatos consideran una situación de discriminación.

El desbloqueo de la jubilación parcial para el personal laboral reabre un debate más amplio sobre la gestión de los recursos humanos en la Administración. La medida no solo afecta a las condiciones de salida de los trabajadores de mayor edad, sino también a la planificación de plantillas y a la incorporación de nuevos perfiles en un contexto de envejecimiento del empleo público.

En este escenario, la figura del relevista —clave para garantizar el relevo generacional— vuelve al centro de la discusión. La solución adoptada ahora busca compatibilizar la flexibilidad necesaria para cubrir vacantes con el respeto a los principios que rigen el acceso al empleo público.

A la espera de su aprobación definitiva, el acuerdo supone un paso significativo para normalizar una herramienta de gestión laboral ampliamente extendida en el sector privado, pero que en la Administración había quedado atrapada en un vacío legal.