El Gobierno plantea una subida del SMI del 3,1% para 2026, sin tributación en el IRPF

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, al tiempo que se ha comprometido a empezar a estudiar “seriamente” reglas de “relajación” de la Ley de Desindexación en los contratos públicos.

Esta cuantía de 1.221 euros mensuales, que se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez aprobada, supone 37 euros al mes más que los actuales 1.184 euros mensuales y coincide con una de las dos opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido para este año un aumento del 3,1% si el salario mínimo seguía sin tributar en el IRPF o del 4,7% si pasaba a tributar.

Pérez Rey, que ha indicado que se ha consensuado con Hacienda que el SMI no tribute tampoco en 2026, ha afirmado que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme estudiarán ahora esta propuesta que se les ha trasladado en una reunión celebrada a primera hora de este miércoles. De momento, el ‘número dos’ de Trabajo no ha recibido ni un sí ni un no, pero, a su juicio, el resultado del encuentro es “esperanzador”.

En el encuentro de este miércoles no se ha abordado la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial, que iría en otro decreto distinto, según ha precisado Pérez Rey.

Lo que sí se ha tratado son las reglas de indexación en los contratos públicos, con la idea de “relajarlas” para que se puedan trasladar a los precios de los contratos públicos las subidas del SMI, una demanda histórica de la patronal, pero que también respaldan CCOO y UGT y el propio Ministerio de Trabajo.

“No tiene mucha lógica que las subidas del salario mínimo interprofesional no puedan ajustar los precios de licitación en los contratos”, ha explicado Pérez Rey, aludiendo a sectores clave como la limpieza o la seguridad privada, y defendiendo que las empresas puedan trasladar parte de las subidas laborales al precio de los contratos públicos.

También es una medida apoyada por Trabajo, que ha defendido “reiteradamente” la necesidad de incorporar reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una idea que en el pasado ha chocado con el Ministerio de Hacienda.

En esta línea, el secretario de Estado ha recordado que el Ministerio está trabajando en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que obliga a los Estados miembros a prever reglas de traslación de las subidas del salario mínimo a la contratación pública.

“Por lo tanto, no es tanto un tema de oportunidad política o jurídica, sino casi una obligación derivada de una directiva europea”, ha subrayado Pérez Rey.

Por ello, el ‘número dos’ de Trabajo se ha comprometido a explorar con otros ministerios un acuerdo para relajar las reglas de desindexación en algunos casos de condiciones de trabajo, a la mayor brevedad posible.

¿Un acuerdo con la CEOE dentro?

Los órganos de dirección de los agentes sociales deberán valorar ahora si apoyan la propuesta del Gobierno, que se sustenta en dos pilares: la subida del 3,1% del SMI, con efectos retroactivos y sin tributación, y cambios en la Ley de Desindexación.

Aunque ha reconocido que “no puede hablar por la patronal”, Pérez Rey considera que el hecho de que la CEOE consulte a sus órganos internos indica que podría haber margen de acuerdo para que el SMI de 2026 no pierda poder adquisitivo.

“Confío en que así sea”, ha afirmado, destacando el tono constructivo de la reunión, aunque ha señalado que aún queda por ver si los órganos darán el ‘ok’ definitivo.

Finalmente, sobre si la reforma exigiría un Real Decreto-Ley, Pérez Rey ha apuntado que existen diversas vías jurídicas y parlamentarias para llevar a cabo esta adaptación de la Ley de Desindexación, que se analizarán con mayor detenimiento.