Los jóvenes exigen "medidas urgentes" para garantizar el acceso a la vivienda

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha exigido "medidas urgentes" para garantizar el derecho a una vivienda digna y frenar la exclusión habitacional, con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este 12 de agosto.

Así lo reclaman en el documento 'La participación de la juventud como ciudadanía activa', elaborado a partir de las reflexiones y propuestas del 'Encuentro Estatal de Activismo Juvenil' que se celebró en Valladolid los días 2, 3 y 4 de julio, con la participación de más de 60 jóvenes de entre 18 y 35 años en situación de vulnerabilidad, procedentes de 16 comunidades y ciudades autónomas.

Según el XV Informe 'El Estado de la Pobreza en España' presentado el 4 de junio por EAPN-ES, uno de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 29 años --25,8 %-- está en riesgo de pobreza o exclusión social. La juventud en situación de pobreza destina el 35,1% de sus ingresos en la vivienda, lo que supone que tras pagar el alquiler les quedan 349 euros para el resto de los gastos del mes.

Desde EAPN avisan de que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en España, con una tasa de emancipación juvenil que apenas alcanza el 14,8%, según el Consejo de la Juventud de España, la más baja desde que hay registros, y precios que, en el caso del alquiler, obligan a destinar más del 100% del salario para vivir en solitario.

Precisamente, los jóvenes participantes en el encuentro han identificado barreras estructurales que van desde la precariedad laboral y la discriminación en el alquiler, hasta el exceso de burocracia, la especulación inmobiliaria o la falta de vivienda social.

Entre las medidas relacionadas con el acceso a la vivienda proponen la creación de viviendas públicas y sociales que sean para jóvenes con un programa de alquiler protegido, que ofrezca apoyo y acompañamiento jurídico en el tránsito a la vida adulta. Asimismo, solicitan limitar las condiciones de acceso que los caseros piden para entrar a un piso de alquiler, que las ayudas y los alquileres supongan menor burocracia y limitar los pisos turísticos.

Entre las propuestas relacionadas con el mercado inmobiliario, han planteado la creación de una oficina de asesoramiento y mediación en materia de vivienda, con capacidad para investigar prácticas discriminatorias y contratos abusivos, además de programas de alquiler protegido y 'coliving' temporal para jóvenes extutelados, estudiantes o en situación de exclusión.

También han abordado cuestiones sobre eficiencia energética y sobre la protección de los entornos y barrios, han exigido reforzar las ayudas a la rehabilitación y adaptación energética de viviendas, ampliación del bono social energético e inclusión del acceso a internet como derecho básico. Asimismo, han tenido en cuenta la importancia de regenerar y mejorar los barrios periféricos, con más transporte público, infraestructuras y reserva de vivienda para colectivos vulnerables.