El magistrado Santiago Pedraz, al frente de la investigación del caso de fraude de hidrocarburos de Víctor de Aldama, ha intensificado el rastreo de los fondos presuntamente desviados hacia Portugal. En una orden europea de investigación emitida en julio de 2024, y ampliada en noviembre del mismo año, el juez solicitó la colaboración de las autoridades lusas para bloquear las cuentas bancarias de 27 empresas relacionadas con la trama, que según se sospecha, habrían transferido hasta 68,6 millones de euros derivados de la evasión fiscal hacia el país vecino.
El juez Pedraz ha pedido específicamente información detallada sobre los movimientos de estas cuentas, que deben ser identificadas junto con los titulares y las personas físicas y jurídicas implicadas en las transacciones. También ha solicitado que se localicen los domicilios sociales y actividades de las empresas vinculadas, así como los datos de sus accionistas, socios y apoderados. Además, se está llevando a cabo un análisis sobre el patrimonio y los productos financieros asociados a estas sociedades, con el fin de identificar posibles bienes inmuebles y cajas de seguridad que puedan estar siendo utilizados para ocultar los fondos ilícitos.
Según los informes de la Guardia Civil, las sociedades en cuestión habrían recibido fondos de varias empresas implicadas en el fraude, como Still Growing SL y Villafuel SL. Estas empresas actuarían como intermediarias en un supuesto "canal de blanqueo" que permitió el desvío de los fondos defraudados. Los informes también indican que algunos de estos fondos habrían sido canalizados de vuelta a España a través de la empresa patrimonial MTM 180 CAPITAL SL, que utilizaba para adquirir bienes inmuebles y muebles, facilitando así el blanqueo de dinero.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que De Aldama figura como "administrador único y titular real" de una de las empresas claves en esta trama, Atmosferaaudaz Unipessoal LDA, utilizada específicamente para dificultar el rastreo de los fondos desviados.
Además, en un informe fechado el 9 de enero de 2025, la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA) ha informado que están gestionando un total de 73 bienes inmuebles sobre los que pesa una anotación de prohibición de disposición o enajenación. Estas medidas forman parte de los esfuerzos judiciales para asegurar los bienes y activos vinculados al fraude y evitar que los responsables puedan beneficiarse de los fondos ilícitos.
El caso sigue bajo investigación y podría traer consigo nuevos descubrimientos que afecten a otros actores clave en esta red de fraude y blanqueo de capitales.
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