El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid ha aceptado a trámite la demanda de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra el Ministerio del Interior por no ejecutar la cláusula del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018 que recogía la obligación de destinar 100 millones de euros en cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada.
En la resolución judicial, consultada por Europa Press, se cita a las partes a una vista el 11 de enero de 2023, atendiendo a la demanda de AUGC por no ejecutarse en su totalidad el Acuerdo de Equiparación Salarial, con respecto a policías autonómicas, que ha destinado en tres años más de 800 millones de euros tanto para policías como guardias civiles.
"Los y las guardias civiles en situación de reserva sin destino deben ser una prioridad para el Ministerio del Interior y para la seguridad pública de nuestro país", ha comentado AUGC a raíz de la resolución judicial, añadiendo que estos agentes pueden contribuir "con su experiencia y dedicación".
En el periodo de segunda actividad, los agentes desempeñan funciones específicas, de acuerdo a sus aptitudes psicofísicas, hasta alcanzar la edad de jubilación.
En concreto, la demanda se refiere a la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación Salarial. "En numerosas ocasiones desde AUGC hemos peticionado hemos peticionado el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial y seguimos luchando por aquello que es de justicia", han señalado desde la asociación.
El Acuerdo de Equiparación Salarial fue firmado por el Ministerio del Interior en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy y fue ejecutado presupuestariamente tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, aunque con críticas de organizaciones policiales por no cumplirse en su integridad o por reclamar más dinero, al entender que prosiguen las diferencias con respecto a Mossos d'Esquadra y otros cuerpos autonómicos.
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