El Gobierno tiene previsto aprobar a lo largo del año 2023 una modificación de la ley de asociaciones, que permitirá ilegalizar aquellas que hagan apología del golpe de Estado de 1936, de la dictadura franquista o enaltezcan a sus dirigentes.
De este modo el Ejecutivo da cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado mes de octubre que fijó un plazo de un año desde su entrada en vigor para cambiar esta norma. Se trata del paso previo para ilegalizar asociaciones como la Fundación Nacional Francisco Franco o la Fundación de la División Azul, entre otras.
En la nueva norma se incluirá como causa de disolución "la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura", según recoge el Ejecutivo en el Plan Normativo 2023.
También serán objeto de disolución las que "enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo" o inciten de forma "directa o indirecta al odio o la violencia" contra estas víctimas por su condición de tales. Será el Ministerio del Interior el encargado de proponer la reforma de esta norma.
El Gobierno también incluye en el Plan Normativo la aprobación del real decreto que regulará el Valle de los Caídos, que será decisivo para el futuro de la congregación de monjes benedictinos que habita actualmente en el Valle, que pasó a denominarse 'Cuelgamuros', tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria.
El objetivo de esta norma es "establecer el régimen de funcionamiento y organización del Valle de Cuelgamuros" según lo mandatado en la citada Ley de Memoria y estará a cargo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por Félix Bolaños.
Centro y Consejo de la Memoria
Asimismo, el Ejecutivo prevé aprobar otro real decreto para crear el Centro de la Memoria Democrática, según lo establecido en el artículo 58 de la ley, que señala que su finalidad será la salvaguarda de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado en España y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos. Esta norma la propondrán los departamentos de Presidencia y también Cultura y Deporte.
Finalmente, el Plan Normativo recoge la aprobación de un real decreto por el que se regulará el Consejo de la Memoria, un organismo adscrito al Ministerio de carácter consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas. Esta norma incluye también la creación del registro de este tipo de entidades.
Nueva ley de información clasificada
El Plan Normativo incluye la aprobación este año de la Ley de Información Clasificada. El motivo que alega el Gobierno es que la actual normativa en materia de información clasificada está "desfasada" por lo que considera "imprescindible" acometer una reforma estructural de la materia, regulada en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales y en el Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales.
La nueva Ley de Información Clasificada tendrá por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales. Su realización corresponde al Ministerio de Presidencia, pero contará con otros ministerios como coproponentes: Exteriores, Justicia y Defensa.
El Ejecutivo también modificará este año, mediante Real Decreto, el artículo 9 del Reglamento de Armas que se aprobó en 1993. El real decreto definirá los tipos de armas que han de incluirse en el Registro Nacional de Armas con la finalidad de dar cumplimiento a la Sentencia número 411/2022, de 4 de abril, de la Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo.
Además, incorpora al ordenamiento jurídico las disposiciones de la Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, sobre el establecimiento de ficheros automatizados de datos con toda la información relativa a las armas de fuego, los componentes esenciales y sus datos conexos; incluyendo las autorizaciones y datos de las armas sujetas a autorización administrativa
Estatuto del cooperante y regulación del consejo de cooperación
Entre los reales decretos, se aprobará el Estatuto de las personas cooperantes con el objetivo de desarrollar lo establecido al respecto en la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
Y mediante otro Real Decreto se regulará el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. De esta forma se regulará la composición, organización y funciones de este Consejo como órgano de Gobierno para la coordinación general de todas
las entidades del sistema español de cooperación al desarrollo.
Este órgano asegura la participación, deliberación y consulta con otros actores del sistema de la cooperación española, incluyendo los agentes sociales, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y de derechos humanos, la cooperación descentralizada, las universidades, otras instituciones y organismos de carácter privado y de la sociedad civil, así como personas expertas independientes. Su realización corresponde al Ministerio de Exteriores.
El Ministerio de Justicia se encargará de realizar la Ley Reguladora de los Equipos Conjuntos de Investigación Penal para regular estos equipos en el ámbito de la UE, la intervención del Ministerio de Justicia y el ajuste de aspectos relativos a la parte operativa de tales equipos. Entre ellos el régimen de solicitud de diligencias de investigación y la adopción de medidas cautelares, las facultades de los integrantes o la financiación.
También regulará por primera vez la constitución y el funcionamiento de los equipos conjuntos de investigación con terceros estados, siempre que exista una base legal habilitante para ello.
El Ministerio de Política Territorial, en colaboración con Asuntos Económicos aprobará una Real Decreto con el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
Tendrá como objetivo, actualizar y automatizar la comunicación, en tiempo real, entre ayuntamientos y el Instituto Nacional de Estadística (INE), de las variaciones que se hayan producido en los datos de sus padrones municipales, mediante la correspondiente modificación del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Finalmente, el Gobierno aprobará un Real Decreto para regular el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral con el fin de regular el ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. Se llevará a cabo por parte del Asuntos Económicos con los ministerios de Exteriores e Interior como coproponentes.
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