La no aprobación de la ‘Ley Ómnibus’ colapsa el trabajo de los graduados sociales

La no convalidación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, conocido como Decreto Ómnibus, supone un nuevo golpe a la seguridad jurídica en el ámbito laboral, de Seguridad Social y de gestión de nóminas, afectando de manera directa y muy negativa al trabajo diario de los graduados sociales.

La caída de esta norma, que incluía medidas esenciales en materia de pensiones, cotización a la Seguridad Social y la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 a 2026, vuelve a situar a los profesionales en un escenario de incertidumbre normativa, improvisación y falta de planificación. Una situación que repercute directamente tanto en los despachos profesionales como en empresas y personas trabajadoras.

Desde el colectivo de graduados sociales queremos recordar que esta situación ya fue advertida con antelación. En el año 2024 se remitió un primer escrito a la Ministra de Trabajo y Economía Social, así como al Presidente de la CEOE y al Secretario de Estado de Trabajo, solicitando que la actualización del SMI y otras medidas laborales esenciales se aprobaran en tiempo y forma, evitando así los graves problemas organizativos y técnicos que provoca su aprobación tardía.

Ante la reiteración de este escenario, a comienzos de 2025 se volvió a trasladar formalmente esta misma petición al Ministerio, insistiendo en la necesidad de dotar de estabilidad y previsión al marco normativo laboral. Pese a ello, la falta de convalidación del Real Decreto-ley vuelve a reproducir los mismos efectos negativos ya sufridos en ejercicios anteriores.

La no aprobación de esta norma está generando importantes perjuicios profesionales, entre los que destacan:

• La imposibilidad de cerrar nóminas y cotizaciones con criterios claros y estables.
• La necesidad de rehacer cálculos salariales, seguros sociales y regularizaciones con efectos retroactivos.
• Un aumento injustificado de consultas, reclamaciones e incidencias administrativas.
• Una sobrecarga de trabajo extraordinaria, no prevista ni compensada, que recae directamente sobre los despachos profesionales.
• Un deterioro de la relación con clientes y empresas, que reciben mensajes contradictorios derivados de la inseguridad normativa.

No se trata de un hecho aislado. En diciembre del pasado año ya se produjo una situación similar con el Real Decreto-ley 9/2024, también un decreto Ómnibus que no logró los apoyos necesarios. La repetición de este escenario evidencia una preocupante falta de previsión y de consideración hacia los operadores jurídicos y profesionales que hacen posible la aplicación efectiva de las normas.

Los graduados sociales no solo aplicamos la ley, sino que garantizamos su correcta ejecución en miles de empresas y relaciones laborales en todo el país. No se puede seguir legislando de espaldas a la realidad profesional ni trasladando de forma sistemática el coste de la inacción política a los despachos.

Por todo ello, reclamamos que las medidas esenciales en materia laboral y social se tramiten con urgencia, claridad y estabilidad normativa, evitando nuevas situaciones de caos normativo que perjudican gravemente al sistema y a quienes lo sostienen en el día a día.